El unilateralismo que el gobierno chavista y sus satélites condenan cuando afecta sus intereses, es ahora aplicado por ellos mismos en perjuicio de derechos de otros países, como Colombia.

El discurso del chavismo, sobreviviente aún en el modo de actuar de Nicolás Maduro, invoca de forma recurrente principios consuetudinarios del derecho internacional público, sobre todo los que hacen referencia a la soberanía nacional y a la no intervención de terceros estados en sus asuntos internos.

Pero paralelo a ello, uno de los principios de acción que inspiran su denominada “Revolución socialista del siglo XXI” manda que si algo no se ajusta a los fines considerados superiores por la doctrina del chavismo, se puede romper, pues los altos intereses del pueblo revolucionario así lo legitima.

En ese marco, para ellos lo que prima es el concepto de soberanía venezolana, independiente de los derechos de estados limítrofes que puedan resultar violados por sus decisiones unilaterales, las que ellos mismos condenan con toda su artillería retórica cuando es otro país el que las adopta y aplica.

Por eso el régimen de Nicolás Maduro, con ocasión de la definición de lo que han dado en llamar “Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular” (Zodimain), ha trasladado las potestades que tiene en su derecho interno y que le habilitan a regular temas domésticos, para hacerlas extensivas a la fijación de aspectos privativos del derecho internacional que, jurídicamente, no puede definir de forma unilateral. Mediante un decreto del 25 de mayo pasado, y con el pretexto de preparar a su país frente a posibles vulneraciones de soberanía por parte de Guyana, al otorgar este país unas concesiones de exploración petrolera, el gobierno de Maduro fijó unos límites sobre zonas que están o bien en litigio, o bien en proceso de definición de límites. Y una de ellas afecta a Colombia, en el Golfo de Coquivacoa.

No sabemos si tan pronto se conoció ese decreto la Embajada de Colombia en Venezuela alertó a nuestra Cancillería sobre este acto hostil, o si la Cancillería, que apenas reaccionó hace pocos días, se enteró del asunto por los medios de comunicación.

En un comunicado, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “las áreas en las que unilateralmente Venezuela establece sus coordenadas en la Zodimain Occidental, no pueden asumirse como venezolanas, por cuanto continúan en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”. Anunció, además, que entregó una nota oficial de protesta.

Desde estas páginas, y ante las demostraciones de hostilidad repetidas, insistentes, del régimen chavista contra Colombia y sus gobiernos, hemos defendido siempre la necesidad de que la diplomacia colombiana obre con serenidad y con firmeza, sin equiparar su conducta al estilo gritón y pendenciero que caracteriza la política exterior chavista. Pero debemos insistir en la firmeza. El exceso de prudencia es asumido por la contraparte como un asentimiento tácito que les permite escalar sus pretensiones en perjuicio de los legítimos reclamos colombianos.

Este episodio ha dado pie, paradójicamente, a que se recuerde a muchos colombianos que el país tiene asuntos limítrofes pendientes con Venezuela, que no por estancados van a dejar de estar sin resolver. Solo que mientras no haya un gobierno democrático en el país vecino, con un mínimo respeto por la juridicidad, será mejor tenerlos en el congelador.