El ultimátum de Santos

La enhiesta posición del Presidente ante la barbarie de la narcoguerrilla de las Farc coloca al proceso de paz, y tal como lo dijo el alto comisionado, en su momento más difícil, lo cual significa, dicho en buen romance, que las conversaciones en La Habana penden de un hilo.

Santos, en una advertencia contundente, manifestó que si las Farc no aceptan la justicia transicional no habrá paz, y agregó que debe haber juzgamiento y condena y que tienen que pasar por el cedazo de la ley.

No creo que el presidente sea un ingenuo, como él mismo se califica, ni que esté cañando con par jotas. Las recientes voladuras de los oleoductos, los derrames de crudo que han afectado el ecosistema, y el supuesto “Plan Pistola”, del cual habló un tal Matías Aldecoa, quien declaró además que los atentados a las torres de energía y los oleoductos buscan afectar la confianza inversionista, encendieron las alarmas frente a la escalada terrorista que estamos padeciendo en todo el territorio colombiano.

La actitud de las Farc busca presionar a un cese bilateral del fuego a costa de sacrificar integrantes de la Fuerza Pública, población civil y el ecosistema, y por ahí no es la cosa.

El no aceptar la justicia transicional por parte de las Farc puede ser el florero de Llorente para que se levanten de la mesa los negociadores de la narcoguerrilla y entremos en un limbo que sólo va a traer sangre y destrucción. Pero parece que no hay otro camino: darse bala y tratar de reducir a quienes se lucran del próspero negocio de la droga, en el que, según dicen, por ejemplo, se están beneficiando los terratenientes del Cauca, llámense indígenas, quienes le están alquilando la Pacha Mama a la guerrilla para que siembren en ella miles de hectáreas de coca cuya venta les permite tener el dinero suficiente para adquirir armas y explosivos.

Frente a este apretón habrá que esperar la respuesta de estos expertos en dilatar las conversaciones y, en medio de la contradicción que les caracteriza, crear un clima de caos y de desconfianza que el Gobierno no puede tolerar más.

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