A cambio de verdad, habría que aceptar que delincuentes reciban menos castigos de los que merecen.

El nombre de Salvatore Mancuso Gómez está ligado a la memoria de la barbarie y el horror en Colombia. En poco más de una década, de próspero ganadero pasó a convertirse en el segundo al mando de la máquina paramilitar que sembró de muerte el norte del país.

Ahora, por el envío de más de 70 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, un juez federal acaba de imponerle una condena de 15 años y diez meses. La sentencia, que en todo caso es casi el doble de la máxima prevista en la Ley de Justicia y Paz por todos los crímenes cometidos en la guerra, sin duda genera controversia ante su larga lista de víctimas, muchas de las cuales conocieron de primera mano la brutal sevicia de la que era capaz este redomado delincuente.

Pero ahora, cuando sobre la mesa está el equilibrio entre justicia y paz en medio de la negociación con las Farc, el caso resulta aleccionador. El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con todas sus fallas y vacíos, acabó por sacar de la guerra a más de 30.000 personas. Se entregaron 18.000 armas y, como nunca antes, los máximos responsables de ese grupo armado ilegal terminaron procesados por la justicia y pagando, incluso sin que lleguen aún sus condenas, penas de más de 8 años de prisión. Más importante aún, sus confesiones, entre ellas la de Mancuso, han sido claves para que la Fiscalía haya recuperado más de 5.000 cuerpos en fosas comunes y se hayan empezado a esclarecer miles de asesinatos y desapariciones. La catarsis del proceso de la ‘parapolítica’, que puso en la cárcel a más de 60 congresistas, fue posible también gracias a tales testimonios.

Por supuesto, fue un proceso incompleto. Después de este surgieron las bandas criminales y algunos jefes de las Auc dejaron ejércitos en la sombra. Los logros, además, podrían explicarse, más que por las buenas intenciones de las partes, por la presión de la comunidad internacional, las ONG y, sobre todo, por valientes decisiones de las cortes Constitucional y Suprema. El caso es que a lo largo de estos años, Mancuso les contó a los fiscales de Justicia y Paz, ante la Corte Suprema, y luego a la justicia de Estados Unidos quiénes habían sido sus socios o colaboradores.

Nombres de políticos y de generales, algunos de ellos, aún no investigados, fueron develados por el jefe paramilitar.

Esa colaboración –por cierto, mucho más efectiva que la de otros capos de las Auc ya libres, sin haber tenido que referirse nunca a sus aliados en la política– explica, en buena medida, la pena que recibió.

Ahora, la Fiscalía, que lo investiga por un millonario lavado de activos a través de empresas de la polémica reina del chance, Enilse López, debe determinar si Mancuso incumplió el compromiso de alejarse de toda actividad delincuencial y de entregar para las víctimas la enorme fortuna, amasada con sangre, corrupción y coca.

Si es así, todo el peso de la justicia, con las condenas de más de 40 años por su larga lista de crímenes de lesa humanidad, debe caer sobre él. Y si no, a pesar de lo grande que resulte ese 'sapo', los colombianos tendríamos que aceptar que Salvatore Mancuso sí es el ‘hombre nuevo’ que, según él y sus abogados, surgió del proceso de paz con los ‘paras’.