La semana pasada, en la Casa de Nariño, los ministros de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas y Energía anunciaron con orgullo el lanzamiento de un plan para, finalmente, frenar la minería ilegal. Hace cinco años el presidente Santos se refirió a este tema usando la palabra “cruzada”.
Bajo esa perspectiva, el Gobierno es el justiciero reformista que viene a solucionar uno de los temas esenciales para el futuro de Colombia. Le gusta sentirse heroico. Pero, en la práctica, su ofensiva no sólo llega tarde, sino que no atiende la raíz de un problema que, literalmente, está devorando al país.
Como hemos venido denunciando en El Espectador, la minería ilegal y, en general, la falta de un plan serio de ordenamiento territorial y protección de nuestros recursos naturales están causando graves problemas ambientales, de salud pública y fiscales. Estos últimos, pareciera, son los únicos que verdaderamente trasnochan al Ejecutivo. Y con razón la preocupación: de los 6,76 millones de gramos de oro que se produjeron en 2014, sólo el 12% se extrajo de manera legal.
Todo ese dinero, que se mezcla con el dinero limpio, pues la falta de control permite que el oro ilegal y el legal se confundan, sirve para que los narcotraficantes laven sus ingresos ilícitos y financien gigantescas redes armadas que, al mismo tiempo, siguen protegiendo la minería ilegal. Es un sistema autosostenible. Tan fuertes son los carteles del oro ilegal que, pese a que es fácil ver dónde están las extracciones ilícitas, la Policía y el Ejército no se atreven a intervenir. Si nuestras Fuerzas Armadas se sienten limitadas, el problema tenía que haberse atacado hace mucho tiempo. ¿Por qué la demora?
El Gobierno propone, mediante un proyecto de ley y un decreto, aumentar la capacidad policiva para atrapar a los mineros ilegales. Si eso funciona, que está por verse, no se haría más que castigar al eslabón más débil de una cadena productiva criminal inmensa.
Varias organizaciones han advertido que las personas del común que entran a trabajar en la minería ilegal lo hacen, básicamente, por el desinterés del Estado en crear viabilidad socioeconómica para estas regiones marginadas. Si no hay desarrollo, ni presencia estatal, la única opción de estos individuos, especialmente de las comunidades indígenas, es subsistir como puedan. ¿Dónde está el plan de ordenamiento para estas zonas? ¿Por qué no se proponen, por ejemplo, planes de pagos ambientales donde la prosperidad de las personas vaya ligada a la protección de su alrededor? El verdadero oro del futuro y la subsistencia de Colombia y el mundo está en la salud de nuestras fuentes hídricas y naturales. Pero eso no preocupa al Estado. En 2013, por ejemplo, se destruyeron 120.933 hectáreas de bosques, 57% de las cuales se encontraban en la Amazonia.
Un caso que denunciamos el domingo pasado es prueba del desinterés. Un estudio encontró que los habitantes de la cuenca del río Caquetá tienen 15 veces más concentración de mercurio en la sangre que el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿La razón? La alimentación a base de pescados envenenados por el uso de mercurio en la minería ilegal. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado al respecto.
Si el Gobierno quiere garantizar el porvenir de nuestro país, debe entender que la minería ilegal es síntoma de una enfermedad mucho más grande que las retroexcavadoras usadas por los mineros. Más policías y militares no es la respuesta para las personas que se están intoxicando y que además no ven de qué van a vivir en un futuro cercano. Ahí está la tragedia que necesita héroes.
