Carlos Antonio Lozada, vocero de las FARC, critica con dureza los millonarios contratos de la comentarista con la Fiscalía y el Gobierno y justifica en ellos la demora de la Mesa de negociación.

Dos semanas después de que se conoció un millonario contrato entre la Fiscalía y Natalia Springer, con el propósito de documentar los crímenes cometidos por las FARC, el caso empieza a tener repercusiones en la Mesa de negociaciones en La Habana.

Al menos así se desprende de una columna publicada en las páginas de internet de esta guerrilla por el negociador y miembro del secretariado de las FARC Carlos Antonio Losada. Es la primera vez que este grupo ilegal fija su posición sobre este episodio, que tuvo como primeras consecuencias las renuncias de Springer a su columna semanal en el diario El Tiempo y a su posición como comentarista de La FM, donde integraba la mesa de trabajo dirigida por la periodista Vicky Dávila.

Citando la columna de Springer publicada el 10 de agosto, en la que justificó sus contratos con la Fiscalía, Losada no aceptó las explicaciones, por el contrario, aseguró solo sirvieron para demostrar la "tramoya” que esconde la estrategia de “buscar convertir el proceso de paz de La Habana en un juicio público contra las FARC”.

Losada considera que este episodio ha dejado al descubierto “la cantidad de recursos invertidos por el Estado en su pretensión de sentar la insurgencia en el banquillo de los acusados con base en ficciones jurídicas, revestidas de un ligero barniz seudocientífico que comienza a caerse como resultado del efecto Springer”.

El vocero de la guerrilla señala a la Fiscalía de haber iniciado la estrategia de armar un paquete de imputaciones de “supuestos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por la insurgencia”, según él para desvirtuar el carácter político de la guerrilla y así doblegarla en la Mesa de La Habana y obligar a las FARC a aceptar penas de prisión. Dice que la estrategia del Gobierno es que sin cárcel para la guerrilla no habrá paz en el país.

Como la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, la encargada de investigar los delitos con ocasión del conflicto, es la dependencia que suscribió los contratos con Natalia Springer, Losada asegura que “más que contratos para un trabajo investigativo, es claro que se está pagando a quién se ha prestado para una sucia campaña con fines perversos. Más que de aclarar unos crímenes, se trata de armar un paquete para justificar una política”.

Incluso, Losada señala el caso Springer para justificar las razones por las que la Mesa de La Habana parece estancada para definir los mecanismos de justicia transicional aplicables en caso de firmar un acuerdo de paz que ponga fin a más de medio siglo de confrontación.

“Debelado el misterio, los colombianos podrán entender por qué tanta demora en la Mesa para desenredar la madeja jurídica con que se quiere maniatar la salida política al conflicto”, se lee en la columna.

Losada además cuestiona al fiscal Eduardo Montealegre por invertir millonarios recursos públicos para armar expedientes contra la guerrilla, y le pide tener la misma diligencia para investigar falsos positivos o crímenes cometidos por agentes del Estado.

“¿Cómo entender que mientras se destinan miles de millones de pesos a la fabricación de expedientes contra la insurgencia comprometida en un proceso de paz, no exista el mínimo esfuerzo por parte de la Fiscalía por investigar y sacar de la impunidad los miles de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que comprometen las fuerzas estatales y para estatales en el marco del conflicto y que sumados alcanzan más del 80 % de todos los casos documentados por organismos internacionales como Naciones Unidas?”, finaliza Losada.

El caso Springer lleva dos semanas en boca de la opinión pública. Ahora un vocero de las FARC lo describe como un posible obstáculo para firmar la paz.