Facultades extraordinarias y “congresito”

Facultades extraordinarias y “congresito”

La ausencia de consenso político en La Habana no puede pretender reemplazarse por reformas jurídicas. La calentura no está en las sábanas.

Que no se sepa cuánta cárcel y quiénes de los máximos responsables deban pagarla, no va a ser resuelto por normas habilitantes de facultades extraordinarias o creación de tribunales especiales. Tarde o temprano habrá que dictar las normas que establezcan las penas, la manera de cumplirlas y las diferencias de trato según la modalidad de los perpetradores. El peor escenario para la anhelada paz sería ahondar los desacuerdos en lugar de alcanzar consensos que conduzcan al país al otro lado del Rubicón.

Dar facultades extraordinarias al presidente para que “salve la patria” debilita más que fortalece la legitimidad de los acuerdos. Más graves aún es modificar los mecanismos de reforma constitucional y crear un “congresito” constituyente en mitad de una negociación con la insurgencia. Por esa errónea vía y ante la crisis de legitimidad institucional, la asamblea constituyente pasaría de ser una posibilidad a una necesidad. Si lo que se quiere es una reforma constitucional para llevar a cabo las reformas agraria y política, más valdría empezar a debatir lo sustantivo. Pasadas las elecciones de octubre de este año y medidas las fuerzas con el uribismo, podrá saberse qué tanta vida la queda a la Constitución de 1991.

La Comisión Legislativa Especial o “congresito” de 1991 combinaba el ejercicio de facultades extraordinarias y la intervención del organillo para aprobar o improbar los decretos legislativos elaborados por Presidencia. La nueva propuesta, por ahora conocida, separa ambos mecanismos: se otorgarían facultades especiales al presidente para reglamentar ciertas materias no sometidas al debate legislativo, mientras las comisiones especiales, con presencia de miembros de la subversión, discutirían cómo implementar los acuerdos, limitándose las plenarias del Congreso a aprobar o improbar lo decidido por las comisiones. Complejo y riesgoso. La creatividad jurídica no genera el consenso político; por el contario, la eficacia normativa lo presupone.

El censo agrario y las denuncias electorales lo certifican. Colombia sigue en mora de acometer las reformas faltantes en 1991: tierras y política. Pero ahora en un contexto más complejo: la pérdida de soberanía del país ante la internacionalización económica. Guardadas las proporciones, nos sucede algo cercano a Grecia: los imperativos globales ponen a prueba la capacidad del pueblo para regir sus destinos; la autodeterminación política hipotecada a los intereses financieros transnacionales. El destino de un pueblo al albur de centros decisorios allende de las fronteras, opacos, difusos, antidemocráticos. En este contexto, ¿cómo ahondar la legitimidad del poder político?

Muerto yace ya el marco jurídico para la paz. ¡Que no suceda lo mismo con la próxima reforma! A más facultades extraordinarias, menor aceptabilidad de lo decidido. La legitimidad política no se gana con más poder para quien ya lo tiene; tampoco acuñando fórmulas excepcionales de imprevisible y azaroso desenlace. El caudillismo de excepción es el lastre a superar, no la solución, algo difícil de entender en una tradición bolivariana poco proclive a la deliberación y al consenso. Para enfrentar como colectividad cohesionada los grandes retos a nivel global, requerimos buena voluntad y efectiva representación, incluyente y pluralista. Sin ella seguirán imponiéndose el realismo de las armas y el cinismo de los poderosos.

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