Dos accidentes aéreos de naves de la Fuerza Aérea y de la Policía, ocurridos con dos días de intervalo, han desatado una aguda controversia que podría impactar el proceso de paz de La Habana. Diversas y disímiles versiones de los hechos, ofrecidas por representantes del Gobierno y la Policía en relación con la causa de la caída, el martes pasado, de un helicóptero Black Hawk, han despertado recelo y sospecha sobre la verdadera causa de su percance, que ahora se extienden al siniestro del avión de la Fuerza Aérea sucedido el viernes 31 de julio. En ambos infortunios perdieron sus vidas numerosos uniformados, lo que obviamente conmocionó, en pleno cese unilateral del fuego por parte de las Farc, a la opinión pública.

En el caso del avión, el Gobierno culpó a las condiciones meteorológicas adversas, sin que ello resultara claro en los vídeos que registraron la impresionante caída del avión. En el caso del helicóptero, se habló primero de fallas técnicas, para después atribuir el accidente a la nebulosidad reinante en el área, al tiempo que el comandante de la Policia afirmaba que no se podía descartar ninguna hipótesis. Y para alimentar las dudas, aparecieron, por una parte, una grabación en la que se habla de un impacto de tatuco y, por la otra, un parte médico que registra una herida de bala en la humanidad de uno de los uniformados sobrevivientes.

Esos acontecimientos son graves y no pueden explicarse con mentises o contradicciones. Bien haría el Gobierno en investigar juiciosamente estos hechos en vez de expresarse agresivamente por medio de sus voceros oficiales y oficiosos. Con ello genera mayor escepticismo en una negociación marcada por la incredulidad de la opinión. La verdad tiene que saberse para consuelo de las víctimas, sosiego del ciudadano y credibilidad del proceso de paz. Lo que sería intolerable a estas alturas es que a la ya desgastada confidencialidad de los diálogos habaneros se agregaran omisiones a la verdad, o verdades a medias, para ocultar acciones repudiables de una guerrilla con un largo pasado de incumplimientos a su palabra. El Gobierno debe actuar prontamente y, con la verdad de lo sucedido, determinar el destino de una negociación que no puede continuar desarrollándose en medio de concesiones unilaterales sucesivas y rodeadas de la creciente prevención de los colombianos.

El enemigo de la paz no son sus críticos, sino la mañosa parsimonia de una contraparte que pretende llevar al Gobierno a firmar una paz bajo el alero de sus condiciones.