Hay trayectorias presentadas como limpias solo porque no tienen antecedentes judiciales. Pero hay juicios morales que el ciudadano puede formarse con preguntas distintas al tema penal.

Los electores tienen el derecho, incluso la obligación, de informarse de la mejor forma posible sobre las calidades de los candidatos a cargos de elección popular. Calidades académicas, profesionales, gerenciales, políticas y, ante todo, éticas.

Algunos candidatos son abiertos al dar a conocer sus credenciales académicas y mostrar sus hojas de vida laborales. Hay posibilidades de conocerlas, por ejemplo, en la página de Candidatos Transparentes que EL COLOMBIANO habilitó para que sea consultada por sus audiencias.

La ciudadanía debe tener certeza sobre los diplomas que exhiben los candidatos. Sobre sus estudios y posgrados, maestrías o doctorados. Pero más esencial aún, sobre su compromiso ético. Que no se muestra en un diploma, sino con hechos de vida y trayectorias honorables.

Todos los candidatos se precian de sus valores, de su apego a las normas de honradez y decencia personal, profesional y política. Valores que, efectivamente, constituyen un patrimonio moral que todos tienen el derecho de hacer valer, pero igualmente la obligación de construirlo sobre la verdad, con posibilidades de libre examen. No puede exigir intocabilidad de su patrimonio moral quien no tiene hoja de vida intachable.

En tiempos de campañas políticas, cuando los afanes electorales por llegar al poder alcanzan niveles críticos como para incurrir en prácticas de “el fin justifica los medios”, el buen nombre de muchos candidatos comienza a ser cuestionado y puesto en duda por parte de los otros candidatos y sus estrategas de campaña.

El ejercicio de la transparencia es también un derecho de los electores para ejercer cabalmente sus derechos políticos. Si un candidato no puede ofrecer garantías de transparencia, de compromiso ético por realizar un mandato decente, hay que denunciarlo. Pero ese ejercicio y deber de denuncia debe sujetarse también a mínimas condiciones de prudencia, de credibilidad, de sustento firme y autoridad moral. Acusar sin fundamento a otro entra en los linderos del Código Penal, y no puede convertirse en herramienta de sucio cálculo electoral.

Ahora bien, hay múltiples formas de valorar la trayectoria política de un candidato. Alguna de sus experiencias anteriores de gobierno o de ejercicio político pueden merecer juicios negativos, y todo ello es susceptible de debate y de controversia en una campaña. Es legítimo cuestionar y criticar. Quien haya ejercido un cargo público debe someterse a escrutinio, a tolerar que sobre su desempeño haya juicios adversos. Eso no es campaña sucia. Como tampoco lo es preguntar sobre las condiciones personales de un candidato para ser alcalde o gobernador: su estado de salud, sus antecedentes, su capacidad para ejercer su oficio bajo presión, su temple moral.

Si un candidato tiene conocimiento, o le consta, que otro tiene vínculos criminales, debe denunciarlo a las autoridades. Y si la evidencia es incontrovertible, comunicarlo también a la opinión pública. Lo que sí es sospechoso es que solo se hagan esas denuncias en tiempo de campaña y muchas veces sin mayor sustento.

Sufrimos los colombianos una falencia de justicia crónica. De justicia judicial y de justicia de los organismos de control. Muchos candidatos presentan su hoja de vida limpia no por una trayectoria ejemplar, sino porque la justicia no funciona, no investiga, no descubre. Hay intocables.

Pese a ello, subsiste el juicio moral de los ciudadanos. Ciudadanos que, para formarse ese juicio moral, deben preguntarse si, por ejemplo, confiarían su propio negocio, o el cuidado de sus familias, a determinado candidato. De cierta forma, lo que deciden al depositar su voto por alguno de aquellos es eso mismo.