Hace poco, la Fundación Paz y Reconciliación reveló que en 19 departamentos existen 140 candidatos a las gobernaciones y alcaldías, cuestionados por investigaciones penales y disciplinarias, nexos con fuerzas ilegales y usos indebidos de recursos del Estado.

Desde que el mecanismo de los avales entró en vigencia, sus expediciones han generado crisis en las colectividades. En estas elecciones que se avecinan, el primer partido donde saltaron escándalos fue en Cambio Radical con la renuncia de su presidente, el senador Carlos Fernando Galán, cuando cuestionó la entrega del aval a la candidata a la Gobernación de La Guajira, Oneida Pinto. El segundo, el Partido Liberal con la renuncia de la codirectora, la senadora Vivianne Morales.

Las entregas de avales dentro de la mayoría de los partidos se han convertido en asuntos polémicos debido a que se han estructurado unas especies de carteles de los avales, controlados por líderes de las microempresa electorales, donde los factores ideológicos y de identidad política son los que menos importan, sino los negocios de trueques de prebendas y favores entre congresistas, directivos y los virtuales ganadores de las elecciones.

Se escuchan denuncias desde La Guajira hasta el Chocó y desde Nariño a Norte de Santander. Para la congresista Morales se deben dar con criterios que garanticen idoneidad, ética y trayectorias de los candidatos y asegura que en el liberalismo hay cuestionamientos sobre algunos avales.

En esta cruzada la acompaña su colega, la senadora Sofía Gaviria Correa, quien también con valentía cuestiona las expediciones de avales a candidatos con pasados oscuros. Contrario a los criterios de estas dos aguerridas congresistas,el Secretario del partido Liberal, Héctor Espinosa, se lava las manos con el falaz argumento de que los avales se han entregado con rigor. En el caso de Santander, la expedición del aval al excongresista Didier Tavera, desató una tormenta política por su transfuguismo y sus nexos con el paramilitarismo.

En el caso del Chocó, Espinosa se pifió, porque, además de engavetar la solicitud de un grupo de liberales, donde advierten a las directivas liberales de los impedimentos legales que tiene el candidato a la Gobernación, Carlos Alberto Palacios Mosquera, por encima de esas advertencias se le otorgó el aval. Un candidato que sobre él recaen cuatros investigaciones penales en la fiscalía y dos sanciones disciplinarias del Consejo Seccional de Judicatura del Chocó. De ser electo Gobernador sin duda profundizará la crisis institucional que vive el Chocó, un departamento que ha tenido nueve gobernadores en los últimos cinco años.