En las actuales circunstancias, con tantas víctimas militares de por medio, sería inconcebible que un gobierno asumiera el riesgo de no decir la verdad sobre las causas de los accidentes aéreos.

Dos accidentes de aeronaves militares en menos de una semana, con un saldo trágico de 27 uniformados muertos, no solo activan todas las alarmas en las Fuerzas Armadas sino que justifican las múltiples preguntas que sobre ambos siniestros se hace la opinión pública.

El viernes de la semana pasada un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló en el municipio de Codazzi, Cesar, y murieron sus 11 ocupantes. Horas después de confirmado el accidente, la FAC lo atribuyó a un problema de uno de los motores del avión Casa, de fabricación española, fallo que el piloto habría alcanzado a reportar a su base.

El pasado martes, en Urabá, un helicóptero Blackhawk de la Policía Nacional, que transportaba 18 comandos jungla que participaban en la Operación Agamenón contra el clan narco de los Úsuga, se estrelló. 16 de los policías murieron y dos, de forma milagrosa por el tipo de impacto, sobrevivieron y están muy graves.

El pasado 10 de mayo, también un Blackhawk del Ejército Nacional se estrelló en La Uribe, Meta. Fallecieron cuatro militares y, al igual que el de Urabá, se atribuyó al mal tiempo.

Según datos ofrecidos ayer por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las operaciones aéreas de las Fuerzas Armadas, al día, son entre 280 y 300. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto El Dorado tiene 600 operaciones al día. Es decir, la actividad aérea de las FF.AA es intensa. Y sujeta a riesgos extremos, derivados de una geografía agreste y en muchos sitios impenetrable, una climatología cambiante, unas posibles fallas en el mantenimiento de las aeronaves pero, ante todo, por el propio ataque de los grupos criminales (guerrilleros, narcos, bacrim) a los que las Fuerzas Armadas combaten y que para aquellos es un trofeo poder derribar.

El Blackhawk de la Policía estaba en desarrollo de un gran operativo, en una zona con presencia de Farc y bacrim. Y de allí que una de las primeras preguntas, pertinente y merecedora de respuestas claras, es si se trataba de un derribamiento. Un testimonio recibido en un medio informativo de la televisión nacional así lo indicó en un primer momento.

El mismo día del accidente, el ministro de Defensa descartó que se tratara de un ataque desde tierra. Ayer, el presidente de la República insistió en desvincular del accidente a la guerrilla, y el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, también calificó el hecho como un accidente. A pesar de la insistencia oficial, hay voces que los controvierten. Y que el Gobierno no pueda transmitir credibilidad nos parece francamente lamentable. Porque aparte del triste espectáculo de la manipulación política y electorera, es difícil concebir que el Gobierno estuviera dispuesto a someterse a las gravísimas consecuencias que tendría ocultar información al pueblo colombiano sobre estos accidentes.

Las operaciones aéreas de las Fuerzas Armadas deben desarrollarse bajo las más óptimas condiciones técnicas. De los propios aparatos, y de la cualificación de sus pilotos. Estos han demostrado pericia en sus maniobras y heroísmo sin límites. El Estado debe garantizarles el mantenimiento de las aeronaves y la instalación de todos los equipos necesarios para precaver riesgos hasta donde sea tecnológicamente posible. A la amenaza diaria de una guerrilla despiadada, de unos narcos y unas bacrim dispuestos a cualquier cosa, no se les puede añadir a nuestros uniformados el peso de tener que desarrollar su misión en condiciones precarias.