¿Quién responde por la alimentación de los niños?

¿Quién responde por la alimentación de los niños?

Generalmente la corrupción se asocia con las actuaciones de funcionarios públicos y de particulares que mediante su accionar se apropian indebidamente de recursos públicos para su propio beneficio.

De igual manera, las autoridades encargadas de investigar y de sancionar el daño causado por lo general circunscriben estos hechos a los efectos económicos, y ni éstos, ni los ciudadanos afectados, evalúan ni son conscientes de otras implicaciones que conllevan estas actuaciones.

Este es el caso de las múltiples denuncias que se han conocido en las últimas semanas sobre la pésima alimentación que por medio de contratistas del Ministerio de Educación, del Instituto de Bienestar Familiar y de algunas Secretarías de Educación se le está suministrando a miles de niños en diferentes regiones del país. Estos hechos merecen investigaciones y sanciones penales, administrativas y financieras ejemplarizantes y rápidas. Pero también un rechazo contundente de la sociedad, expresada en sanciones sociales y políticas.

En lugar de gastar diariamente millones de pesos en publicidad en todos los medios de comunicación, que por lo demás tiene un tufillo de campaña electoral, y que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, los funcionarios responsables deben de velar porque los niños a su cargo cuenten con condiciones de vida dignas, se les respeten plenamente sus derechos y que los recursos destinados para estos propósitos se manejen con trasparencia y eficiencia. No más “investigaciones exhaustivas” que generalmente no conducen a nada. Lo que se requiere son acciones concretas, con resultados, acompañadas de una rendición de cuentas continua y completa.

En casos como el de los alimentos para niños, el tema va más allá del desvío de recursos y de corrupción económica por parte de unos contratistas. Los hechos denunciados son mucho más graves y ponen en evidencia un gravísimo abuso de poder, así como una evidente relación entre corrupción y la violación de los derechos fundamentales y entre aquella y la legitimidad de las instituciones que no están cumpliendo con sus funciones. Los responsables de estos hechos deben ser investigados y sancionados sin dilaciones, al igual que los servidores públicos que no tengan la capacidad de cuidar y proteger a las poblaciones más vulnerables y con menos posibilidades de hacer valer sus derechos.

Sin embargo, no son suficientes las sanciones de tipo administrativo y judicial, porque el daño causado no es solo económico. Hay un evidente daño social que debe ser reparado y resarcido. Por eso es fundamental que los ciudadanos también comencemos a rechazar social y políticamente a quienes por acción o por omisión han permitido que hechos como estos sucedan o han cohonestado con quienes los han propiciado.

Una sociedad que tolera que los recursos públicos destinados a garantizarles a los niños unas condiciones de vida digna y el pleno respeto de sus derechos se malversen no puede aspirar a construir una sociedad en paz.

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