Territorios y tierras de las Farc

“Pastrana nos regaló a las Farc y Uribe nos liberó de las Farc”, dijo un líder campesino de La Macarena, y añadió: “si la Corte autoriza la segunda reelección de Uribe, en La Macarena todos vamos a votar por Uribe”.
Lo anterior define bien los dominios territoriales de las Farc, cuyo epicentro fue la gran región del Guayabero, Macarena, Caguán y los llanos del Yarí, colonizada desde los años cincuenta por campesinos que huyeron de la violencia, y transformada en territorio de refugio inicial de las guerrillas con la llegada de las “columnas de marcha” de Marulanda a mediados de los sesenta.

Los colonos originales cayeron bajo el sistema inventado por don Oliverio Lara en los sesenta, que consistió en prestarles la remesa inicial de comida y herramientas para desmontar la selva, vendida en sus propias tiendas, para cobrar la deuda con las “mejoras”, que se agregaban a su ganadería extensiva, y renovar el contrato selva adentro. Herederos de Lara alegaron tener 140.000 hectáreas en Caquetá. Los colonos se especializaron en la creación y venta de “mejoras”, pues la agricultura no era rentable lejos del mercado y sin los bienes públicos para el desarrollo. Esta ecuación económica cambió con la expansión de los cultivos de coca, pues los compradores llegaban hasta los productores y subsidiaban los consumos lejos del mercado.

Las Farc regularon el mercado de hoja y pasta de coca desde comienzos de los ochenta e impusieron su sistema tributario sobre la producción y el tráfico en el Guaviare, según relató Alfredo Molano en Selva Adentro. Cuando estalló la guerra entre las Farc y Rodríguez Gacha en 1986, su grupo paramilitar participó activamente en el exterminio de la Unión Patriótica y recuperó dominios territoriales entre el Ariari y San José del Guaviare, donde operaban los hermanos Plata, sus compradores de pasta. Muchos colonos fueron desplazados por los paramilitares, que los consideraban base social de la guerrilla, y muchos resistentes al despojo fueron luego perseguidos y desplazados por las Farc, pues los acusaban de colaboración con los paramilitares. Empresarios de esmeraldas y cocaína como Leonidas Vargas compraron fincas a quienes habían logrado acumular algunas tierras de colonización. Bajando por el Ariari avanza la colonización palmera hasta Vista Hermosa y Puerto Rico, en la región de La Macarena, ahora integrada por carretera pavimentada hasta Villavicencio.

La financiación de las guerrillas no depende de la tenencia de la tierra sino de su capacidad de extracción de rentas del narcotráfico, la minería, la extorsión y el secuestro. El control militar del territorio subordina los derechos de ocupación de los finqueros y colonos a la aceptación de los comandantes de frente de las Farc, de manera que no significa nada la tenencia ofrecida por el Estado, que la ley califica como ocupación de baldíos.

La recuperación legal de los baldíos en los dominios territoriales de las Farc es un paso lógico en el proceso de terminar el conflicto armado. Lo importante es entender que con ese paso el Gobierno asume la responsabilidad, que nunca debió abandonar, de ordenar y formalizar la tenencia de quienes, con su trabajo familiar sobre la tierra, se hicieron acreedores a la titulación por el Estado. Eso incluye restituir a quienes abandonaron fincas por presión armada de la guerrilla y los paramilitares, adjudicar a los que resistieron el despojo y distribuir a nuevas familias la que pertenezca a la nación, que pasaría al fondo de tierras para la paz.

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