Los estudios de la Ocde sobre el desempeño de la agricultura colombiana y su comparación con los apoyos otorgados y los resultados obtenidos por otros países del mundo han dado lugar a un nuevo debate sobre los niveles de protección y la magnitud de las ayudas que recibe el sector agrícola colombiano y los impactos que ello genera en la economía.

Una actividad altamente protegida y subsidiada presenta precios muy superiores a las cotizaciones internacionales (que constituyen el rasero básico de la competitividad) y ello afecta las decisiones de los diversos actores.

Un agricultor que recibe tales beneficios no tiene mayor incentivo para ser altamente productivo e innovador, pues su objetivo principal es conservar las rentas derivadas de la política agrícola.

Por su parte, la agroindustria y los consumidores deben pagar precios altos por los bienes protegidos, lo que conlleva aumentos en los costos de producción de los bienes transformados y reduce la capacidad de compra de los ingresos familiares.

Como consecuencia de lo anterior hay un pobre crecimiento de la agricultura, la agroindustria y las exportaciones y el consumo de alimentos no evoluciona de manera vigorosa. En otras palabras, se crean las condiciones para tener un desempeño sectorial altamente mediocre.

Este resultado puede ser aceptable para países de altos ingresos y limitadas áreas agrícolas, como ocurre en algunas naciones asiáticas, donde se protege al productor y se asegura el abastecimiento alimentario con altos costos para los consumidores y el erario.

Sin embargo, para Colombia, un país con una agricultura caracterizada por su alta capacidad de expansión agrícola y sus limitados recursos fiscales y de compra de los consumidores, lo que se espera es tener un sector agrícola dinámico que genere oportunidades de vida para los pobladores del campo, facilite el desarrollo de la agroindustria y las exportaciones y les brinde una oferta alimentaria adecuada a los consumidores.

Para hacer realidad este escenario se requiere que la agricultura sea más productiva. Esto se consigue si se privilegia el gasto en bienes públicos (tecnología, vías, riego, etc.).

La comparación entre la productividad de Colombia y la de sus pares internacionales revela el enorme rezago de nuestra agricultura. Por ejemplo, los resultados de la reciente Misión Cafetera ilustran cómo la baja productividad es la raíz de los problemas que enfrentan los cafeteros.

Adicionalmente, un estudio de Fedesarrollo para el BID muestra cómo, en el país y para la mayoría de los productos agropecuarios, las brechas tecnológicas también se presentan y son bastante amplias.

El debate actual no se refiere a si la medición que hace la Ocde sobre los apoyos agrícolas es la adecuada o no, o si otros países otorgan más apoyos que Colombia.

Lo que hay de fondo es la decisión de si se mantienen las políticas que vienen del pasado o se hace de la agricultura un sector dinámico y exitoso que sea fuente de desarrollo. Lo primero implica mantener privilegios y rentas para unos pocos a costa de la gran mayoría. Lo segundo debe conllevar el progreso y el bienestar de la gentes del campo y la ciudad.