Verdad oculta de La Escombrera

Verdad oculta de La Escombrera

La excavación no puede reducirse a una administración, debe ser una política de Estado, como lo debe ser la búsqueda de los más de 27 mil desaparecidos por el conflicto armado.

Luego de décadas de olvido y apatía por parte de la Justicia y los gobiernos Nacional y locales, mañana comenzarán las excavaciones en La Escombrera, las que comprobarían las denuncias de decenas de familias que esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos en la vorágine que vivió la Comuna 13, azotada por distintos actores del conflicto en la ciudad: guerrillas, paramilitares, narcotráfico y delincuencia común.

¿Cuántos son los desaparecidos que ocultaría este gigantesco depósito de escombros? La cifra es dramática desde donde se le mire.

Puede ser una paradoja, pero el país fijó su mirada en este escenario cuando el exjefe paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias “Berna”, al dejar las armas y expresar su decisión de aportar a la justicia, afirmó que La Escombrera ocultaba los restos de unas 300 personas asesinadas.

No obstante, en la Unidad Nacional de Justicia y Paz hay registradas 42 víctimas, cifra que denunció un subalterno de Murillo, quien tenía como misión “sanear” la zona de guerrilleros y sus supuestos colaboradores.

Otra cifra manejan la Corporación Jurídica Libertad y Madres de la Candelaria, que la cuantifican entre 98 y 108. La Personería de Medellín, por denuncias recibidas, dice que son más de 200.

Las nuevas variables de la situación política y social del país, con un proceso de paz de por medio y la participación activa de la comunidad internacional, las víctimas y quienes las representan, lleva ahora a la Fiscalía General de la Nación a excavar en busca de los desaparecidos de los múltiples conflictos que han soportado los 19 barrios de la Comuna 13, unas 130.000 personas, en su gran mayoría desplazados y familias en extrema pobreza.

En La Escombrera han sido depositados, en varias décadas, que podrían ser las mismas en las que se ha prolongado el conflicto allí, unos 24 mil metros cúbicos de escombros o más de 500 millones de toneladas de los mismos, los cuales, de manera sistemática, son compactados para prolongar la vida útil del terreno.

Pretender remover toda esta cantidad escombros es prácticamente imposible en corto tiempo, por lo que lo más recomendable sería proteger el sitio declarándolo camposanto para así convertirlo en un espacio permanente para la investigación forense y científica y continuar con las tareas de recuperación de cuerpos.

El lugar, más que fosa común entendida en su definición forense, era un botadero de cuerpos, del que se habla desde los años 80, cuando las milicias del Eln y las Farc comenzaron a entrar a la ciudad. De ese pasado de dolor dan cuenta las famosas rondas del Eln, que terminaban con la muerte de drogadictos, delincuentes comunes y otras personas a las que sometían a juicios sumarios y nunca más se volvía a saber de ellos.

Al final de los 90 y primeros años del presente siglo, el conflicto se recrudeció con la entrada en escena del paramilitarismo, que llegó para expulsar a las milicias, choques que habrían contado con el apoyo, por acción u omisión, de algunos agentes del Estado.

El momento más crítico se presentó con la “Operación Orión”, cuando las Fuerzas Armadas, los días 16 y 17 de octubre de 2002, entraron a la zona para expulsar a las Farc y el Eln. Los datos oficiales reportaron que cuatro militares y seis civiles murieron en los episodios. Cerca de 200 personas fueron encarceladas y, al menos, tres reportadas como desaparecidas en el operativo.

Tras esa operación el dominio de las autodefensas fue total y también el ascenso de denuncias por desapariciones.

La excavación no puede reducirse a una administración, debe ser una política de Estado, como lo debe ser la búsqueda de los más de 27 mil desaparecidos que tiene registrados la Fiscalía, producto del conflicto armado, o los más de 50.000 de los que hablan organismos de derechos humanos por la misma causa.

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