El poder y la chequera del Fiscal General Eduardo Montealegre

El poder y la chequera del Fiscal General Eduardo Montealegre

Hay $ 19.000 millones en contratos de asesoría que nadie audita. Sería citado en Congreso.

A seis meses de que culmine su periodo como fiscal general, el abogado Eduardo Montealegre enfrenta su más dura prueba de credibilidad ante el país.

Diferentes sectores le están cuestionando los millonarios contratos de asesorías con exmagistrados, consultores y periodistas, que ha suscrito de manera directa y que comprometen, hasta ahora, más de 19 mil millones de pesos del erario.

El monto no es nada despreciable si se tiene en cuenta que la Fiscalía recibe la mitad del presupuesto de la justicia –2,8 billones de pesos– y que cuenta con una nómina de casi 23.000 funcionarios.

El miércoles, en EL TIEMPO, Montealegre advirtió que no había ilegalidad alguna y que todas las contrataciones se hicieron después de verificar que en la planta de personal no existían profesionales con la experticia de los contratados.

Pero los objetos de los contratos y los altos montos han encendido la polémica. Aunque la atención se ha centrado en casos como el de la politóloga Natalia Springer, que recibió 4.000 millones de pesos, y el de exmagistrados de las altas cortes, con montos similares hay otros contratos millonarios con periodistas y juristas que han llamado la atención de medios de comunicación y sectores críticos del Fiscal. En ese grupo clasifica el contrato por 174 millones de pesos con el exmagistrado Néstor Osuna, su supuesto candidato a la Registraduría Nacional.

En el caso del juez español y asesor de la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, con quien la Fiscalía tiene tres contratos desde el 2012, que suman 1.380 millones de pesos, la Contraloría ha trasladado ante la Comisión de Acusación sus reparos. Uno de los cuestionamientos es que el contrato se asignara de manera directa, sin pasar por un concurso de méritos.

Asesores incómodos

El Centro Democrático, que mantiene una pelea de vieja data con el Fiscal, al que acusa de perseguir a sus líderes, busca que Montealegre explique en la plenaria del Senado otras dos millonarias asesorías. (Además: Los reparos a dos contratos bandera del Fiscal General)

“La doctora Susana Buitrago Valencia fue la magistrada ponente del fallo que benefició al fiscal Montealegre con la extensión de su periodo, en el 2013 –dice el senador Ernesto Macías–. Ella se retiró del Consejo de Estado en mayo del 2015 y un mes después recibió un contrato por 174 millones de pesos, para ejecutar en cinco meses”.

Macías –que estima en 19.000 millones el monto de los contratos de asesorías– dice que en una situación similar está el expresidente del Consejo de Estado Alfonso Vargas Rincón.

“También votó a favor de la ponencia que le permitió a Montealegre estar 4 años y no uno en el cargo. Después de su retiro, Vargas recibió un contrato por 517 millones de pesos, para ejecutar en siete meses. Esto es grave, es la ‘Fiscalpolítica’ ”, dijo Macías. (Lea también: Dudas sobre polémicos contratos de Springer, a Comisión de Acusación)

El capítulo de los periodistas merece otro análisis. A pesar de tener una robusta oficina de prensa, el 21 de agosto, por ejemplo, la Fiscalía firmó un contrato con el periodista Eccehomo Cetina, por 445 millones de pesos, monto que se equipara con uno de los suscritos con el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda.

Cetina se comprometió, por 132 días, a “prestar apoyo, acompañamiento y asesoría en la elaboración de especiales que permitan la socialización de temas de alto impacto y mostrar el trabajo investigativo de la Fiscalía”.

El 22 de junio del 2015 ya se había firmado otro contrato con el periodista Camilo Chaparro, por 186 millones, para apoyar, acompañar y asesorar a los despachos del Fiscal y del vicefiscal en temas de divulgación. (Lea: La Fiscalía ha pagado 22.000 millones de pesos en tiquetes aéreos)

Y, por un contrato similar, firmado el 10 de abril pasado, el periodista y asesor de Planeación Nacional Jhon Álvarez Díaz recibirá 180 millones de pesos. Su trabajo con la Fiscalía consiste en “realizar asesoramiento en relación con medios de comunicación local y formulación de estrategias de comunicación”, según se lee en el objeto del negocio. Álvarez le dijo a EL TIEMPO que tiene 30 años de experiencia trabajando con medios, que su perfil justifica su contratación y que su “consultoría es para las 24 horas”.

Y aunque la millonaria contratación de asesores es común en muchas entidades públicas, en la Fiscalía aumentó luego de que Montealegre logró que el Gobierno y el Congreso aprobaran una reforma que empoderó aún más a la entidad en términos de planta y recursos.

Sin embargo, más allá del escándalo y de un eventual debate en el Senado, promovido por el Centro Democrático, difícilmente el Fiscal tendrá que dar explicaciones por el manejo del gasto.

El debate que dejan los contratos

Con una tutela de hace dos años, él mismo logró que la Corte Suprema y luego la Constitucional blindaran al Fiscal y a los altos magistrados de investigaciones de la Contraloría. La tutela enterró, de paso, procesos contra magistrados de la Judicatura enredados en el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones que ya estaban embargados.

Con el debate abierto sobre quién ronda al Fiscal, Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, recuerda que “está prohibido por la ley contratar asesores para funciones que pueden ser cumplidas por funcionarios dentro de las instituciones”.

Y aunque advierte que hace falta la investigación respectiva, dice que “con los objetos de los contratos que se han divulgado en los medios de comunicación, uno podría ver que dentro de la Fiscalía hay capacidad para ejercer esas funciones”.

Por el contrario, Laura Marulanda, exauditora general, considera que “como está diseñado el Estado, necesariamente hay que hacer contratos de prestación de servicios porque ninguna entidad del Estado tiene los funcionarios suficientes para manejar determinados temas”. (Además: Las explosivas declaraciones del Fiscal sobre millonaria contratación)

En cualquier caso, es evidente el desgaste en la imagen de Montealegre y de su entidad, que ha abanderado la lucha contra varios fenómenos delictivos, entre ellos la feria de contratos dudosos en todo el Estado.

Por ahora la Contraloría intenta abrir puertas para auditar a la Fiscalía sin tocar al Fiscal. Uno de los frentes de indagación son los 22.000 millones de pesos en tiquetes nacionales e internacionales. A mitad de semana, EL TIEMPO reveló que la compra de boletos se ha disparado en la entidad, cuya cabeza cuenta con un jet privado.

Finalmente, el Centro Democrático buscará este martes respaldo para que la plenaria del Senado cite a Montealegre a un debate en el que explique el manejo del poder y de la chequera de la poderosa entidad. (Lea también: 'En contratos de la Fiscalía no hay nada oscuro': Montealegre)

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