La semana pasada se conoció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Venezuela por violación de la Convención Americana en el caso del canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). En 2007 el Gobierno se negó a renovarle a este canal el derecho al uso de las frecuencias, lo cual era una muerte anunciada, como castigo por su posición crítica frente al régimen de Chávez.

La sentencia, entre otras decisiones, le ordena al Estado venezolano permitirle inmediatamente a RCTV la utilización de esas frecuencias, lo cual con seguridad nunca será acatado, o al menos no durante el actual gobierno.

La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe “restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Pues bien, todo eso ha sucedido impunemente en los gobiernos de Chávez y de Maduro, sin que el sistema interamericano de protección a esos derechos pudiera hacer mucho.

Lamentablemente, a propósito de la autorización que se requiere para el uso de las frecuencias de radio y televisión, no sólo en los regímenes autocráticos la libertad de información está bajo amenaza. En casi todos los países del mundo penden de un hilo los canales de radio y televisión que requieren las frecuencias del Estado para poder difundir sus contenidos.

En aras de garantizar la libertad de expresión, es indispensable examinar qué tan adecuado es un determinado ordenamiento jurídico en materia de concesión de esas frecuencias, especialmente en cuanto a los criterios de asignación, al plazo correspondiente, la posibilidad de renovación y el monto de la contraprestación económica por tal concepto.

En Colombia, además de rasgarnos las vestiduras con el oprobioso trato que le ha dado la República Bolivariana a la libertad de información, valdría la pena recordar lo que, bajo el esquema de concesión de espacios, les sucedió sistemáticamente a los noticieros de televisión que no eran amigos y le hacían oposición a los gobiernos de turno: desaparecieron para siempre.