La justicia en Colombia está contrahecha. Hace falta darle más poder a la sociedad civil para supervisarla.

Es difícil recordar un momento de la historia reciente de Colombia en que la justicia haya estado más desprestigiada. Los cuestionamientos vinculados al carrusel de contratos del fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, se suman a una serie de escándalos que han minado la credibilidad de la rama judicial.

La respuesta caradura de Jorge Pretelt a las grabaciones que lo comprometen ha manchado la honra de una Corte Constitucional que, gracias a magistrados como Carlos Gaviria, alguna vez representó la defensa y el fortalecimiento de los valores democráticos y liberales que inspiraron los mejores artículos de la Constitución de 1991.

Hoy parece un sueño la Corte Suprema de Justicia que, con magistrados como Iván Velásquez, dictó las condenas más avezadas contra la parapolítica, y durante la presidencia de Álvaro Uribe enfrentó la profunda influencia del paramilitarismo en las ramas ejecutiva y legislativa.

La lista de abusos y decepciones en la rama judicial daría para varias columnas, y comparaciones con un pasado mejor (o peor), es sólo relevante para introducir el problema actual: tenemos una justicia que parece ilegítima.

El problema de raíz es que en Colombia (y en muchas otras partes) se piensa que los miembros de la rama judicial son de una naturaleza moralmente superior a la de los políticos, y eso es falso. Son igual de propensos a la corrupción. Se le otorga demasiado poder de auto-regulación a un grupo de profesionales que debería estar más vigilado y supervisado por quienes no pertenecen a su misma rama.

Los problemas de ello son obvios. La justicia no opera como debiera y esto perpetúa los altos índices de criminalidad, desde el raponero hasta el ladrón de cuello blanco. Además, con una justicia que parece ilegítima, los acusados pueden alegar que no hay garantías, con razón o con descaro, y siembran un perjudicial manto de duda sobre las investigaciones.

Es un problema muy difícil de resolver y no hay una fórmula mágica. Sin embargo, está más que demostrado que el hermetismo, los fueros y la cultura mafiosa de la rama judicial tienen en crisis al sistema. Hay, entonces, que romper la cáscara que los protege.

Los sistemas democráticos actuales están diseñados de tal forma que la rama judicial es la menos democrática de las ramas del poder. Los altos jueces y las cabezas de los entes de control e investigación son nombrados por sus colegas o por políticos, y al menos en el caso colombiano, tienen fueros desmedidos que los protegen cuando delinquen.

En un país con mayores índices de educación y menor compra de votos podría funcionar la elección popular de altos jueces y funcionarios judiciales. En Colombia esta opción es muy peligrosa, porque acerca todavía más a la justicia a la influencia de los caciques políticos.

No lo es, sin embargo, un punto medio: empoderar a ciertos grupos de la sociedad civil para que tengan voz, voto y veto en la elección de estos funcionarios.

No entraré aquí en detalles, pero lanzo algunas propuestas inspiradas en las recientes reformas hechas por Argentina, y en la forma como se eligen los magistrados de la Corte Penal Internacional.

Primero, todo magistrado y aspirante a un ente de control o supervisión debería tener como mínimo un doctorado, y una obra académica prolífica que dé cuenta de su conocimientos jurídico. No podría ser magistrado una persona que, como Jorge Pretelt, se quedó sin presentar la tesis de doctorado. Si quieren ser doctores deben merecer el título.

Segundo, habría un “Comité Asesor de la Sociedad Civil” que sería un filtro para procesar las candidaturas a cualquier alto cargo de la rama judicial. Este grupo estaría conformado por académicos, expertos, líderes de ONG, organizaciones profesionales de abogados, en fin, no es necesario especificarlo aquí, pero es más o menos así que está diseñado el modelo argentino.

Tercero, anualmente los magistrados y altos funcionarios de la rama judicial se presentarán a una audiencia pública, con presencia de medios de comunicación, en la que tendrán que rendir cuentas de sus decisiones y desempeño. La audiencia sería conducida por el “Comité Asesor” que se planteó arriba.

Y cuarto, no estaría mal que en las altas cortes aproximadamente la mitad de los magistrados sean mujeres, por ley de cuota, y haya representación de minorías como la hay en el Congreso.

Son algunas ideas. Habrá otras mejores, pero es hora de que la sociedad civil pueda supervisar a la justicia, y en las cortes haya una representación más equilibrada de aquella.