Montealegre dice que no hay nada oscuro en la nómina de la Fiscalía y arremete contra antecesores.
En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal Eduardo Montealegre defendió la millonaria contratación de asesores externos y aseguró que sectores que están viendo afectados sus intereses por los resultados de la Fiscalía están enfilando baterías contra él.
¿Qué dice a las críticas que desde distintos sectores se han hecho a esos contratos?
Como demócrata no puedo desconocer la importancia que tiene para el fortalecimiento democrático del Estado el debate y la discusión. De hecho, una sociedad democrática es realmente democrática cuando los ciudadanos se interesan por los asuntos públicos y adelantan un control sobre las actuaciones de los funcionarios del Estado.
Sin embargo, veo que algunos sectores de la vida política nacional juegan a ser demócratas y a interesarse por los asuntos públicos con el único ánimo de afectar mi nombre y desconocer el trabajo que he adelantado como Fiscal General. Mire, por ejemplo, la manera tan parcializada como muestran la información sobre los contratistas de la Entidad. Una revisión a fondo muestra que sus juicios son falaces.
Aquellos que hoy se rasgan las vestiduras por la supuesta falta de transparencia de la Entidad, son los mismos que me han acusado de perseguir a ciertos sectores políticos. Afortunadamente, ya la justicia ha demostrado que nuestras investigaciones y acusaciones eran fundadas y hoy están tras las rejas.
¿El hecho de que los nombramientos corresponden a exmagistrados, no da a pensar que hay favores en esos contratos?
Como ya lo dije, no ha existido honestidad en el debate y en las críticas. Al contrario, muchos han aprovechado la exposición mediática para desprestigiar la labor de la Fiscalía y por ello, generalizan y no brindan argumentos.
No es cierto que los contratistas correspondan únicamente a exmagistrados. También la Fiscalía cuenta con la asesoría de grandes profesores universitarios y de centros de pensamiento jurídico.
Dejar en manos de profesionales expertos nos permite proteger de manera apropiada el interés general y asegurarles a los ciudadanos la integridad y la salvaguarda de los principios que enmarcan la función pública.
Ahora bien, no creo que la trayectoria profesional de los asesores externos de la Fiscalía deba despertar suspicacias. Todo lo contrario. La hoja de vida de todos ellos es prueba y garantía de que hemos contratado a verdaderos expertos en cada una de sus áreas de trabajo. Si le soy sincero, no puede ser más que un honor y un privilegio contar con la asesoría de grandes juristas y exmagistrados. Más que un reparo, el paso de varios de ellos por las altas cortes es sobre todo una credencial de probidad y conocimiento.
Pero además, bajo esa lógica que emplean quienes buscan sembrar un manto de dudas sobre la contratación de exmagistrados, habría que cuestionar, por ejemplo, que dos de ellos estén asesorando al gobierno en los temas de justicia transicional que se discuten en La Habana. Y no ese es el caso. El doctor Cepeda y Henao están allá por sus más que probadas calidades profesionales. Lo mismo sucede con nuestros contratistas.
¿Con la gran nómina que tiene la Fiscalía no hay personas con la preparación suficiente para llevar a cabo las labores contratadas?
Antes de suscribir cada contrato, estudiamos si existe o no una necesidad de acudir a personas externas para cumplir con nuestras funciones. En los eventos en que decidimos contratar a un asesor externo, es porque previamente hemos llegado a la conclusión de que debido al alto nivel de especialidad que requiere la ejecución de determinadas tareas, es necesario buscar una asesoría externa.
Yo me siento muy orgulloso de la planta de personal de la Fiscalía y en realidad ha existido una sinergia muy exitosa entre el trabajo de nuestros funcionarios y los aportes de nuestros asesores. Por ejemplo, la capacitación que hizo el destacado defensor de derechos humanos Baltasar Garzón sobre cómo perseguir a la criminalidad organizada ya ha dado unos réditos palpables en términos de justicia. Por ejemplo, entre el 2014 a la fecha, se ha logrado dar duros golpes a 1.419 a estructuras delincuenciales en realidades que le afectan duramente al ciudadano de a pie como el homicidio, microtráfico y hurto callejero.
Y como ese, le podría mencionar muchos otros temas en los que no teníamos ninguna experiencia y en los cuales las contribuciones de los contratistas han sido primordiales para que nuestros funcionarios obtengan mejores resultados.
¿Cómo explica usted el costo de varios contratos asociados con temas de paz?
Las críticas formuladas por el Centro Democrático no tienen en cuenta la realidad del país y la necesidad que tienen las instituciones públicas, entre otras, la Fiscalía, de adecuarse a los retos de la paz. La paz no puede medirse en términos financieros. Sus costos serán siempre irrisorios comparados con la guerra.
La paz, como ya lo ha dicho el Presidente, no es la simple rúbrica de un documento. Una paz estable y duradera, como la que imaginamos todos los colombianos, significa contar con las mejores herramientas para la investigación y acusación penal de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
Para adelantar dichas tareas hemos querido contar con la asesoría de profesionales en dichas áreas que puedan capacitar a nuestros funcionarios en el fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos de derecho penal y derechos humanos. Sólo una Fiscalía edificada a partir del conocimiento es capaz de enfrentar con éxito el enorme reto del postconflicto.
¿Una contratación tan grande hecha de forma directa no es un campo abonado para prácticas no transparentes?
Yo entiendo que es válido el debate sobre la discrecionalidad que tiene las entidades públicas en el marco de la modalidad de la contratación directa. De hecho, en la Fiscalía en algunos casos hemos identificado que dicha forma contractual es empleada para llevar a cabo prácticas contrarias a la ley. Con todo, creo que tal figura es necesaria en la medida en que constituye una fórmula para armonizar los principios de eficiencia y transparencia como mandatos rectores de la contratación pública.
Pero más allá de eso, yo lo que puedo decirle con total contundencia es que en el manejo de la contratación de la Fiscalía no hay nada oscuro ni contrario a la ley. Al contrario, todos los contratos que firma la Entidad se ajustan a los principios que rigen la administración pública. La contratación de la entidad es un libro abierto.
¿Por qué se ha negado a mostrar los productos de algunos contratos, como los de Natalia Springer?
No todos los productos de los contratistas son públicos pues, como ya he explicado en otras oportunidades, algunos tienen impacto dentro de las investigaciones penales lo cual nos ha obligado a declarar su reserva. Su divulgación podría conducir al fracaso de nuestras estrategias procesales en la imputación de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.
Comparto el interés legítimo de los ciudadanos por conocer la suerte de los dineros públicos asignados a la Fiscalía y por ello, no he negado la existencia de contratos de asesoría con profesionales de alto nivel académico y profesional.
Natalia Springer es una profesional reconocida internacionalmente por sus trabajos en temas de investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos.
¿Cómo explica el tan alto número de contratistas para representar a la entidad en los procesos judiciales? ¿No es suficiente acaso la planta de personal de la entidad?
La Fiscalía actualmente es parte demandada en juicios de responsabilidad del Estado en 14.643 procesos judiciales. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomendó a la Entidad un número promedio de 80 procesos por abogado para aumentar la eficiencia. Por ello la Dirección Jurídica tendría la necesidad de contratar 183 abogados, para atender sólo aquellos procesos que cursan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En la actualidad la representación judicial se ejerce por 17 profesionales vinculados por nombramiento y 19 contratistas. En promedio los honorarios por abogado son de $5.500.000, esto indica que la Entidad invierte en defensa la suma mensual de 198 millones de pesos.
La anterior suma es bastante proporcionada, si se tiene en cuenta que el valor de las pretensiones contra la Entidad corresponde a 35 billones de pesos, de los cuales “la expectativa de condena” equivale a que la Entidad pagará el 65 % de este valor.
¿Cómo mostraría usted resultados a partir de la contratación de asesores externos? ¿No se supone que estos resultados los deberían dar los servidores de planta?
No se pueden confundir los temas. Una cosa es la necesidad de que la Entidad cuente con más fiscales y asistentes de fiscales y demás servidores encargados no solo de que los procesos penales garanticen el derecho a la justicia de los ciudadanos, sino de que el país tenga resultados en un menor tiempo.
Por otro lado, la garantía de los principios que rigen la administración pública nos exige contar con profesionales que asesoren muy bien a la Fiscalía y sobre todo, capacite a los funcionarios en temas que no son propios de las funciones cotidianas que actualmente desarrollamos. De hecho, gracias a estas asesorías externas, tan criticadas por algunos, hoy podemos dar resultados en extinción de dominio que permitirán reparar a las víctimas.
Gracias a las buenas asesorías en temas de comiso y extinción de dominio hemos podido incautar más de 2211 bienes muebles y 67 bienes inmuebles por vía del comiso.
También se ha criticado el excesivo incremento de la planta de personal de la Fiscalía…
No hay nada más alejado de la realidad. Hemos sido extremadamente prudentes en la provisión de cargos. Prácticamente no se ha hecho uso del aumento de la planta de personal establecida en la modernización. Ello por cuanto hemos querido actuar bajo un criterio de razonabilidad en el gasto público. Prueba lo que le estoy diciendo es la siguiente cifra: antes de la modernización, la planta de la Fiscalía era de 25.000 funcionarios. Hoy, a partir de los estudios técnicos que se realizaron sobre la carga de trabajo, se estableció que la planta de personal debía ser de 28.800 funcionarios.
Sin embargo, por criterios de austeridad, hoy en día tenemos solo nombrados 22.900 funcionarios. No hemos incrementado la planta de personal, como malintencionadamente aseguran algunos.
Se critica también el costo de los concursos de méritos que está llevando a cabo la Fiscalía…
Esa crítica es descabellada y no tiene ningún sustento. Si el doctor Ernesto Macías se tomara el trabajo de leer la Constitución, se enteraría que esta consagra al mérito como el principio rector para la provisión de cargos públicos y establece también que por regla general los funcionarios estatales serán de carrera.
Además, en este caso, están de por medio órdenes de la Corte Constitucional que le obligan a la Fiscalía a adelantar un concurso de méritos para la provisión de sus cargos.
Nosotros no queremos repetir la experiencia de la Procuraduría del doctor Ordóñez, que durante mucho tiempo jugó con la planta de la Entidad por lo que la Corte debió intervenir con el fin de recordarle que la provisión de la planta debe hacerse a partir de concursos públicos de méritos.
¿Qué explicación le da a los duros ataques contra usted de los últimos días?
Los violadores de derechos humanos, el entorno político y económico del paramilitarismo y las organizaciones criminales están sintiendo pasos de gigante con el nuevo modelo de investigación que ha implementado la Fiscalía General de la Nación en estos últimos tres años y medio. Estamos preparados para defender el nuevo modelo ante la furia desatada de los delincuentes.
Ya estamos cerca al final de su periodo. ¿Qué Fiscalía cree que deja?
Antes déjeme decirle que encontré una entidad sitiada por el caos. De Viviane Morales heredamos la portentosa sombra de Carlos Alonso Lucio, quien con su impecable catadura ética irradió a la Fiscalía General de la Nación. Gómez Méndez, además del himno y el fortalecimiento inusitado de su oficina de abogados, no dejó prácticamente nada.
En ese contexto, nos hemos encargado de poner la casa en orden y de construir una Fiscalía moderna dotada de mejores herramientas para hacer frente a los retos criminales. El periodo en que estuvo Martha Lucía Zamora nos dejó como legado el acuerdo con los Nule, pactado también con la administración Morales, que fue necesario revocar apenas llegamos.
