Un gran error del fiscal general ha sido la opacidad en las contrataciones de asesorías externas. Pero lo es más atacar a la prensa, único control hoy vigente ante la ausencia de contrapesos.

Las contrataciones directas de asesores externos por parte de la Fiscalía, o mejor dicho, del fiscal general Eduardo Montealegre, que comprometen grandes sumas de recursos públicos y cuyo criterio de asignación aún espera justificación por parte del funcionario, siguen generando inquietud entre la opinión pública.

Tanto el fiscal Montealegre en declaraciones a medios radiales y televisivos, como el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, en entrevista a este diario, han defendido las contrataciones básicamente con dos argumentos: que esos contratos son necesarios para la paz, y que su cuantía -que se ha calculado en más de diez mil millones de pesos- no representa mayor cosa frente al presupuesto general de la Fiscalía. El vicefiscal dijo a este periódico que las sumas de esas asesorías comparadas con el presupuesto total que manejan son “irrisorias”.

Pero son recursos públicos que se destinan a la administración de justicia. De los que se tiene el derecho de vigilar, de exigir transparencia. Suena muy mal oír a los responsables de la administración de estas sumas que “todas las entidades del Estado contratan directamente”. Que todas lo hagan no quiere decir que lo anómalo se vuelva aceptable. Aquí se trata de la Fiscalía, la entidad que investiga los delitos y busca su sanción. La que tiene a su cargo que la impunidad no asfixie a este país. Pero parece que en este mandato sus prioridades son otras.

En la extensa entrevista al equipo de Caracol Radio, el pasado miércoles, el fiscal Montealegre escogió una estrategia de defensa muy usual -el ataque a quien le pregunta- pero por completo desafortunada. Revolverse con ira contra la prensa y los periodistas refleja una personalidad intolerante a la crítica y alérgica al control de sus actos, actos que tienen consecuencias no solo jurídicas sino políticas.

Cuestionar a la prensa porque pregunta, porque investiga, porque opina críticamente y porque, a fin de cuentas, cumple su labor, puede ser al final un reconocimiento de que va por el camino correcto. Pero no deja de preocupar que quien expresa tal resistencia hacia el papel del periodismo sea quien puede decidir sobre la libertad, no ya de prensa y de expresión, sino de la propia persona que ejerce la función de informar y opinar.

Fueron innumerables los sofismas de los que echó mano el fiscal general para eludir la explicación diáfana sobre los contratos, yéndose por la vía fácil de atacar a quien cuestiona. Más que la etérea “georreferenciación” y los “algoritmos” de la contratista Natalia Springer, también se requiere rendición de cuentas de todos los demás contratos, por parte del fiscal y por parte de los beneficiarios.

Y pasando a otro tema, tratado también por el fiscal en su entrevista radial, no se puede pasar de largo sobre esta expresión: “Soy de los que considera que los acuerdos de La Habana tienen fuerza normativa, son fuente de Derecho, no son solo un hecho político sino un hecho jurídico, tienen fuerza normativa y son vinculantes para las entidades del Estado”.

¿Quedan así formalizadas las Farc como legisladoras? Las palabras del fiscal lo dicen. Ya quedaron investidas sin elección por parte del pueblo, sin intervención diferente a la de los delegados del poder Ejecutivo, sin control de ninguna naturaleza. El fiscal Montealegre se precia de ser “creativo” de fórmulas jurídicas novedosas. Con esta fue más allá de los que las mismas Farc han exigido, y de lo que el propio Gobierno Nacional se ha cuidado de limitar.