Mientras el Gobierno asegura que el acuerdo de justicia aún está en construcción, las FARC dicen que es un tema cerrado y que no se pactó “concentración de las tropas ni lugares de confinamiento”.

El histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, con el que se selló el acuerdo de justicia fue interpretado por muchos colombianos como el saludo de la paz. No en vano el propio mandatario le puso fecha límite al proceso, a más tardar en seis meses se debe firmar el acuerdo para poner fin al conflicto.

Pero la euforia que generó el histórico acontecimiento se ha transformado a una especie de escepticismo en tan solo una semana. El presidente Santos, al igual que el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, y el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, completan siete días explicando los alcances del acuerdo. Sin embargo, a medida que estas se producen, las FARC se muestran extrañadas por lo que llaman la “unilateral interpretación” del Gobierno, que, a juicio de la guerrilla, difiere de lo acordado.

Así lo expresó la delegación de paz de las FARC en La Habana, a través de un comunicado. Antes el propio ‘Iván Márquez’ aseguró que “hasta el momento los plenipotenciarios del Gobierno han explicado el acuerdo tergiversando mucho de lo acordado. Esperamos esto se corrija”, y hasta la agencia Anncol, órgano difusor de las tesis de la guerrilla, hizo su propia interpretación de la Jurisdicción Especial de paz acordada en La Habana, al señalar que los expresidentes, entre ellos Álvaro Uribe, deberán rendir cuentas en los tribunales de paz.

Estas declaraciones generaron la sensación de que la guerrilla de las FARC podría hacer ‘conejo’ a lo acordado en La Habana, algo que rechazan el propio Márquez y el abogado de la guerrilla Enrique Santiago. Ambos insisten, como está consignado en el comunicado, en que el acuerdo sobre el tema de justicia está cerrado, redactado y firmado.

Esta es la primera discrepancia con el Gobierno. De la Calle le aseguraba en entrevista a Claudia Gurisatti (directora de Noticias RCN) que lo que se había firmado era el espíritu del acuerdo, pero que había detalles que aún estaban por definirse. “El acuerdo aún está en construcción”, dijo el jefe negociador en respuesta a quienes reclaman la publicación del contenido íntegro del acuerdo, como lo reclama el procurador general Alejandro Ordóñez.

Las FARC, por su lado, advierten (o amenazan) que el acuerdo en esta materia no puede ser modificado, que les corresponde a los futuros magistrados de la justicia especial de paz, la función de interpretarlo, y que si se pone en duda lo acordado también, o que si se varía alguno de sus puntos, “es poner en duda la fecha acordada para la terminación del conflicto”.

La principal discrepancia se reduce al tema de la “restricción efectiva de la libertad” para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. A las inquietudes en el país sobre si las FARC van a pagar cárcel; si serán recluidos en una zona del territorio, en una colonia agrícola, o en una zona tan grande como un municipio o un departamento, pues todo eso se ha mencionado, el Gobierno ha explicado que posteriormente se determinarán estos mecanismos.

Hoy, las FARC, en su comunicado, señalan que el acuerdo firmado el pasado miércoles 23 de septiembre “no se habla de concentración de tropas de las FARC-EP ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva”. Una posición, a todas luces, distinta a la del Gobierno, y que seguramente alimentará el escepticismo en muchos colombianos y será caldo de cultivo para que los opositores al proceso de paz le lancen nuevas ‘pedradas’ a la negociación.

La delegación de la guerrilla insiste en que en La Habana se llevó a cabo la entrega solemne de un documento cuyas copias fueron entregados a los plenipotenciarios. El Gobierno asegura que son necesarios unos ajustes (en términos de la guerrilla). Primeras controversias de un histórico acuerdo cuya publicación ahora el país reclama, para advertir quién tiene la razón, si el Gobierno o las FARC.