La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá criticó la forma en que la Fiscalía sistematiza, a través de patrones criminales, los delitos cometidos por grupos ilegales.

No paran las revelaciones sobre las contrataciones en la Fiscalía. Tras las críticas al trabajo de contratistas del ente acusador como la politóloga Natalia Springer y el exjuez español Baltasar Garzón, por el que se pagaron jugosas cifras, ahora se suman al escándalo las opiniones de quienes deben tomar decisiones con base a ese modelo de justicia que ellos proponen y que califican como “ineficiente”.

Semana.com conoció que los magistrados de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, desde hace un año advirtieron a la Fiscalía sobre los errores en los “patrones criminales” ese que busca condenar la violencia sistemática o generalizada contras las comunidades que se traducen en crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Partiendo de esas definiciones, la sala del alto tribunal en dos decisiones judiciales: la primera del primero de septiembre y la segunda del 16 de diciembre de 2014, asumió una postura crítica y estima que por adolecer de adecuadas reglas técnicas y metodológicas, “no puede aceptarlos”.

Argumentan que la metodología de la Fiscalía adolecía de criterios técnicos que permitieran su acreditación. Incluso en dos sentencias el Tribunal descubrió aproximadamente once errores e imprecisiones de carácter conceptual y metodológico.

Entre ellos está el de los hechos que imputan a los criminales. Estos no reunían los requisitos mínimos de la teoría penal es decir perfil de la víctima, georreferenciación, el determinador del hecho y los autores materiales, entre otros.

Asimismo resalta que la metodología de investigación de la Fiscalía está distante a cumplir con la normatividad estipulada reglamentaba para este efecto.

A estas críticas se sumó un concepto de la Procuraduría, elaborado por el representante del Ministerio Público Samuel Serrano Galvis, que en un recurso de apelación presentado a la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de atención a la Fiscalía al argumentar que, de no resolverse esta problemática, podría llevar a la impunidad y revictimización de los afectados por el conflicto armado.

“Estos aportes no solo se limitan a la puesta en conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que se someten a su confesión, sino la capacidad de manifestar con honestidad que de los mismos no se tiene conocimiento y que no se cuenta con elementos de juicio para determinar si le son atribuibles al grupo que comandó o a alguno de los integrantes del mismo”, manifestó Serrano.

Lo que reflejan estas críticas elaboradas por el alto tribunal y la Procuraduría es que los asesores del despacho del fiscal no cumplieron con su cometido. Por ejemplo el juez español Baltazar Garzón quien ha firmado desde el 2012 tres asesorías con la Fiscalía por un valor total de 1.380 millones de pesos, el objetivo principal de su trabajo era apoyar la investigación de macrocriminalidad en justicia transicional.

A la lista de asesores se suma la ya cuestionada politóloga Natalia Springer, a quien un primer informe de auditoría realizado por el exdirector de la Unidad de Contexto, Alejandro Ramelli, determinó que su trabajo sobre el “secuestro” no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato y no es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantando.

“Se podría inferir razonablemente que el Estado colombiano dilapidó dineros en consultorías que no sirvieron para nada, pues como lo muestran las dos sentencias del Tribunal Superior de Bogotá, el concepto de la Procuraduría y de la Unidad de Análisis y Contexto hubo imprecisiones, en el trabajo investigativo de la Fiscalía”, sustentó la fuente a Semana.com.

Se destaca además que las fallas en el metodología de investigación de la Fiscalía queda evidenciada en que el último proceso radicado en Justicia y Paz, bajo estos parámetros, se hizo en agosto 15 de 2014, y fue en contra de Ely Mendoza, conocido también como ‘Martín Sombra’.

Ello significa que el ente acusador lleva más de un año sin presentar un proceso priorizado (con patrones de macrocriminalidad), y esto ha llevado a que queden estancados los procesos de Justicia y Paz.

Dicha situación que coincide con el diagnóstico que realizó el director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Juan Pablo Hinestrosa, cuando llegó a su cargo y que fue entregado este jueves por la Fiscalía.

Entre las dificultades halladas en la Unidad, se reveló que: “De un total de 133 procesos vigentes se tienen 90 procesos bajo el esquema de la Ley 600, en donde 12 están en investigación previa, 42 en indagación preliminar, uno en etapa de acusación par un total de 43 procesos en sistema penal acusatorio”.

De la misma manera hicieron pública las respuestas que dio Natalia Springer ante el informe de auditoría, en la que aclara que todas las recomendaciones realizadas por el jurista Alejandro Ramelli fueron tomadas en cuenta y después el mismo fiscal Luis Eduardo Montealegre avaló el resultado y ordenó continuar con las otras investigaciones.

De igual forma, no se revelan los detalles de las modificaciones en cuanto esto -en concepto del ente acusador- atenta con la seguridad nacional. Esto llevó a la renuncia de Ramelli, un prestigioso jurista que hoy aspira a la Corte Constitucional.

Lo cierto es que en este caso queda mucha tela por cortar y hechos por destapar. Y los caminos a la implementación de un modelo de justicia que evite la impunidad están muy lejanos. Al punto que a la fecha, según fuentes de este portal, altos funcionarios de la Fiscalía vienen realizando lobby en la oficina de los magistrados para que les validen un modelo de investigación, el cual ya ha sido descalificado por ellos.