*Graves vacíos en combate a trasteo de votos
*Insólito no tener censo de sufragantes definitivo
Si bien nadie desconoce el esfuerzo interinstitucional realizado por las autoridades electorales, la Fiscalía y otras entidades gubernamentales para combatir el trasteo de votos en Colombia, lo ocurrido en las últimas dos semanas por los vacíos y anomalías en esta materia, es altamente preocupante y afecta en modo sustancial la transparencia de nuestro sistema democrático.
No se trata únicamente de la insólita anulación de más de setenta mil inscripciones de cédulas en la capital del país, al ser consideradas las veinte localidades de la ciudad como jurisdicciones municipales, lo que llevó a señalar a esa gran cantidad de ciudadanos como trashumantes electorales, sino a lo que se está viviendo en los últimos días en múltiples sedes de la Registraduría a nivel nacional, en donde miles de personas hacen ingentes esfuerzos para tratar de demostrar que la inscripción de sus cédulas en lugar distinto al que sufragaron la última vez fue legal y no responde a casos de trasteo de votos.
Es obvio que debe apoyarse lo hecho por las autoridades electorales en los últimos dos meses, ya que los cruces de información y verificaciones interinstitucionales permitieron detectar irregularidades en más de un millón y medio de inscripciones de cédulas, un porcentaje bastante alto y preocupante si se tiene en cuenta que para estos comicios regionales y locales el número total de ciudadanos que hizo ese trámite fue de cuatro millones. Ya en estas páginas, dos semanas atrás, se había advertido de la gravedad que implica que más del treinta por ciento de las inscripciones estuviera cobijado bajo manto de sospecha, poniendo de presente que el vicio de la politiquería y la compraventa de votos continúa teniendo unas dimensiones muy grandes. Es más, se señaló que si las autoridades tuvieran la capacidad de judicializar a todos los involucrados en este fenómeno la población penitenciaria fácilmente se doblaría.
No puede más que destacarse la labor de vigilancia y verificación realizada para garantizar la transparencia de los comicios. Y destacar por igual, que la Fiscalía, no solo ha capturado candidatos y dirigentes que estaban incurriendo en trashumancia, sino que por primera vez se abrieron procesos destinados a extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles, incluyendo buses, utilizados para el trasteo de votos. Pero ello no obsta para advertir los vacíos que todavía persisten en las estrategias oficiales para combatir la trashumancia electoral. El craso error cometido en Bogotá, que obligó al Consejo Nacional Electoral a reversar la anulación de las inscripciones de las setenta mil cédulas y los miles de ciudadanos que a escasas horas de la cita en las urnas hacen trámites para tratar de habilitarse electoralmente de nuevo, reflejan que aún falta mucho camino en esta materia. No tiene presentación alguna que a pocos días de las elecciones el censo electoral no esté completamente depurado, y resueltas las miles de apelaciones de quienes consideran que su inscripción de cédula fue anulada de manera injusta. Este proceso debía haber terminado hace semanas y para ello se debieron destinar en su momento todos los recursos humanos y técnicos necesarios. Es casi vergonzante lo que hoy está ocurriendo y seguramente los observadores internacionales invitados para presenciar este proceso democrático, calificarán negativamente lo insólito de la situación que desdice, a no dudarlo, de la capacidad y credibilidad de nuestras autoridades y sistema electoral.
En no pocas ocasiones hemos advertido que Colombia tiene una normatividad deficiente en materia electoral. Las múltiples reformas que siempre se anuncian tras estas anomalías previas a la cita en las urnas, nunca se concretaron. Los códigos, reglamentaciones y resoluciones existentes son obsoletos y sus numerosos vacíos son aprovechados por los politiqueros, los corruptos y toda laya de delincuentes. Hay que decirlo, el de las falencias en la lucha contra la trashumancia no es el único escándalo en esta campaña. Las sombras de duda alrededor de la rigurosidad y credibilidad de las encuestas, la polémica sobre la presunta participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas, las denuncias sobre financiación ilícita de campañas, las controversias sobre graves anomalías en materia de publicidad política, la ‘guerra sucia’ a través de acusaciones anónimas en redes sociales y los centenares de aspiraciones que fueron revocadas por múltiples inhabilidades e incompatibilidades, unido a la captura de no menos de 40 candidatos sindicados de delitos electorales y comunes, hacen parte del complejo escenario de la pugna proselitista que termina este domingo en el país y que cuestiona sustancialmente la pureza del proceso democrático. Un drama de nunca acabar.
