El acuerdo que firmó el Gobierno con las Farc está entre malo y aterrador. La ambigüedad, la sutil manera de redactarlo sin que sea preciso qué dice, permite un espectro interpretativo amplio.
Digo malo, porque el mejor resultado de este acuerdo es que las Farc no pagan cárcel si confiesan los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra; toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada (lo cometen los agentes del Estado), ejecuciones extrajudiciales (lo cometen los agentes del Estado), violencia sexual. Su sanción se limitará a “trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Todos los demás no incursos en esos delitos recibirán “la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. Todos tendrán elegibilidad política. No entregan sus bienes, ni las armas (bajo el verbo de dejarlas).
Estamos ante un escenario de impunidad como lo temíamos los críticos. Y este es el mejor escenario. El texto admite interpretaciones terribles. Además de la impunidad podemos estar muy cerca de un proceso de justicia selectiva donde las Farc ejecutarán su venganza contra quienes los combatieron en las Fuerzas Armadas, contra los ciudadanos que no hemos aceptado su cruzada criminal y su deseo de impunidad.
No se trata sólo de las declaraciones del Fiscal cuya persecución a Uribe y al uribismo son claras para todos. Tampoco reparemos en la cercanía del Fiscal con Anccol para lanzar a Uribe y al uribismo a la cárcel. Ni siquiera que manden a los empresarios, banqueros, y militares a prepararse para juzgamiento.
Se trata de lo que el propio texto admite. Hay una amnistía sólo para las Farc y sus aliados, pues solo ellos son susceptibles de haber cometido el delito político. Todos los demás colombianos que “hayan participado de manera directa o indirecta” no tendrán derecho a amnistía o indulto. Los máximos responsables de las Farc, y los ciudadanos (sin limitación alguna) y miembros de la Fuerza Pública seremos susceptibles a la Jurisdicción de Paz. Quienes reconozcan las responsabilidades podrán optar el beneficio de impunidad con los trabajos ya explicados. Quienes reconozcan tardíamente tendrá 5 a 8 años de penas de prisión. Quienes se nieguen a confesar y resulten culpables serán condenados a pena de prisión hasta por 20 años. (Al parecer habrá penas alternativas para los confesos tardíos).
La fuente de las pruebas para el enjuiciamiento popular serán las investigaciones de la Fiscalía (serán claves los algoritmos Tocarrunchos), sanciones impuestas por otros órganos del Estado (no sé cuáles), sentencias judiciales, y la perla, información de organizaciones de víctimas y derechos humanos (sin precisar cuáles).
¿Intranquilos colombianos? ¿Narcotráfico y extorsión serán delitos políticos? ¿Quién impondrá justicia? ¿Las Farc se someten a la justicia colombiana o quién nombre a los magistrados? ¿Cuáles son los procedimientos que regirán la jurisdicción? ¿La reparación de las víctimas a cargo de las Farc se limita a hacer esos trabajos o entregarán su capital? Para esto y mucho más el Gobierno tramita unas facultades extraordinarias para que Santos con su sola firma lo decida todo.
