Debate kafkiano

Lástima que todo el impulso al proceso de paz se esté ahogando por las imprecisiones, las opiniones sin sustento y el deseo de protagonismo.

La decisión de no hacer público el texto del acuerdo sobre justicia nos ha forzado a los colombianos a dar un debate kafkiano que está logrando reversar rápidamente todo lo que se ganó el pasado 23 de septiembre en La Habana.

Para comenzar, ni los que se oponen ferozmente a lo firmado ni los que dicen apoyarlo de manera irrestricta conocen el contenido del acuerdo. Varios congresistas citaron a un debate la semana pasada para hablar sobre un acuerdo que ninguno de ellos había leído. Armaron sus intervenciones con base en suposiciones y sin ningún empacho hasta se atrevieron a colgar sus iniciativas a un acuerdo que en realidad no conocían, con lo cual se prueba una vez más que la política es el arte de la prestidigitación.

Si los congresistas hicieron el ridículo, a la oposición uribista le fue bastante mejor. La no publicación del texto del acuerdo en torno a la justicia le dio gasolina a su manida tesis, según la cual este proceso de paz está pactando a espaldas del país su entrega al terrorismo.

El fiscal Montealegre también salió a hablar sin conocer el texto del acuerdo y quedó peor que los congresistas. Primero salió a decir una mentira: la de que era indispensable para crear esta nueva jurisdicción especial. Tras advertir que el sistema necesitaba un fiscal de la paz… como él, en su falsa modestia, nos dejó saber que él no iba a mover un dedo en el Congreso para que le ampliaran su periodo, pero que ahí dejaba sembrada la semilla. La mala noticia para Montealegre es que esta nueva jurisdicción especial que se crearía no necesita de él ni de ningún fiscal, porque es autónoma. Ni siquiera se le necesita para imputar a las Farc, anuncio que tantas veces nos ha prometido y para lo cual contrató a Baltasar Garzón y a Natalia Springer por sumas exorbitantes que no ha podido justificar todavía. Esa tarea va a recaer en las salas de instrucción que se crean para investigar y acusar, con lo cual se puede decir que esa platica se perdió.

En cuanto al juzgamiento a los expresidentes, Montealegre la embarró y de qué manera. No solo se le salió un antiuribismo impresentable en alguien que debe ser un juez imparcial, sino que armó una confusión que terminó dándole la razón al uribismo, que insiste en que lo que se acordó busca que las Farc no paguen cárcel por sus delitos mientras se mete a la cárcel a Uribe y su combo. Sin mayor conocimiento dijo que la jurisdicción  especial de justicia podía investigar al expresidente Uribe por hechos ocurridos antes de su presidencia, porque los mandatarios estaban amparados por su fuero constitucional. Sin embargo, Álvaro Leyva, que sí conoce el texto de lo pactado, dijo en Semana en vivo que el acuerdo había sido hecho reconociendo los límites de la CPI y que bajo esa órbita ni siquiera los expresidentes tienen fuero.

No es cierto, entonces, que el convenio no vaya a tocar a los expresidentes, como han dicho Humberto de la Calle y el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Puede que no se llegue a esos límites, pero de entrada no están excluidos los que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.

La gran paradoja de toda esta confusión es que los que sí conocían el texto, como Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en La Habana, tampoco están ayudando con su pedagogía para explicar lo acordado. En el colmo del absurdo en lugar de contarnos lo que se firmó, ahora niegan que lo que se firmó sea un acuerdo. De la Calle ha aclarado en sus comunicados y sus intervenciones después de la firma del 23 de septiembre que lo que se acordó sobre la justica no es más que un simple borrador “en desarrollo”. ¿Qué clase de pedagogía se puede hacer de un acuerdo que según los negociadores no existe?

No se justifica ni el viaje del presidente Santos, ni toda la parafernalia que supuso su desplazamiento, para ir a firmar un simple borrador de un acuerdo. Menos, si no se podía publicar.

Lástima que todo el impulso que se dio en el proceso de paz tras la reunión del 23 de septiembre se esté ahogando por las imprecisiones, por las opiniones sin sustento y por el deseo de protagonismo. Pero, además, que sea el propio gobierno que lo firmó el que ahora diga que esa firma no significó mayor avance y que insista en no publicarlo, es un embrollo que no lo entiende ni Kafka.

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Aclaro que la tutela a la que me referí en la columna del 8 de marzo del 2015, titulada ‘Que no vuelvan’ fue interpuesta por la Superintendencia Financiera y Fogafin.

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