¿Acuerdo sobre el desacuerdo?
Del hecho político al hecho jurídico
El “acuerdo sobre el desacuerdo”, por decirlo así, entre los negociadores de La Habana en el tema de la justicia ha quedado sobre el tapete en medio de una opinión pública desconcertada. No por gracia de la polarización o la división de criterios, como algunos quieren decirlo buscando un chivo expiatorio, sino porque, fruto del afán, fue sometida a la contradicción latente entre las partes desde el mismo día en que comenzó a explicarse, tal como aquí reseñamos. De modo que el debate antes de haberse cerrado, como era la pretensión con la foto de saludo entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, se abrió como un caja de sorpresas, dejando explícitos algunos puntos de consenso pero, en particular, los disensos que seguramente se venían presentando privadamente en la Mesa o que subyacían sin haberlos detectado, tocado o resuelto.
Suele decirse que no por madrugar amanece más temprano. Viene el refranero como anillo al dedo pues la deducción generalizada es que se emitió un simple comunicado sintético y apresurado de lo que, en cambio, debió ser motivo de explicaciones amplias y precisas. Al mismo tiempo que adoleció de una plataforma inmediata de una estrategia de comunicaciones y pedagogía acorde con la trascendencia que significa fundar para Colombia, en materia de conflicto armado, una justicia seminternacional, con competencias maximalistas, paralela a la pirámide de Kelsen, autónoma judicial y presupuestalmente, con salas y Tribunal de cierre incontrovertible, exenta de jurisprudencia y doctrina nacionales, reservada de control en la estructura del Estado y desprovista de garantías constitucionales como la tutela, la acción popular o la excepción de inconstitucionalidad.
Todo lo anterior quedó, por supuesto, subsumido en lo que más pareció la creación de un “hecho político” que el esclarecimiento de un “hecho jurídico”. Como hecho político, frente a la escenificación internacional al máximo nivel posible, en cierta medida sirvió para que el Jefe de Estado dejara el sótano en cuanto a imagen. Pero, como hecho jurídico, los vacíos y las discrepancias entre las partes dejaron en tela de juicio el propio acuerdo y lo sumieron en un baúl de anzuelos. Han dicho ambos lados, sin embargo, que el acuerdo está en “firme”. Lo que no está en firme es su interpretación y desarrollo. Es decir, comparten que hay una manzana, pero graves discrepancias en cómo comérsela.
En tal sentido, solo para tocar dos puntos álgidos, ya se sabe que el Gobierno pensó que había firmado el confinamiento de altos miembros de las Farc en lugares precisos, austeros, vigilados y controlados, tal cual lo ha dicho con puntos y comas el propio Presidente en sus declaraciones, mientras que las Farc, exactamente al contrario, pensaron que las labores restaurativas en cualquier parte del país son sinónimo de “libertad restrictiva”, tanto en cuanto son trabajos involuntarios, llámese de desminado, reforestación, limpieza de ríos o reconstrucción de inmuebles, fruto de una sentencia coactiva que los obliga hasta ahí.
Lo mismo ocurre con los alcances investigativos del Tribunal Especial que si el Presidente, los negociadores y sus asesores miran bajo la óptica de la legislación nacional, con los fueros e inmunidades para ex presidentes y demás, las Farc, por el contrario, remiten a la legislación internacional, incluido el artículo 27 del Estatuto de Roma, donde expresamente ello queda derogado, con todo lo que conlleva y como lo dijeron con otras palabras desde el comienzo de las discusiones, sin la negativa gubernamental.
En tanto, para las Farc solo queda por acordar la extensión y conexidad de la amnistía general y el mecanismo de ternas, listas o vetos, para la elección interpartes de los magistrados. Si esto es así, es decir, si sólo esto falta, queda claro que el Gobierno acogió en muy buena parte lo que las Farc venían anunciando desde meses atrás como su proyecto de justicia. Ahora, en realidad, la sorpresa corre de cuenta gubernamental, como se deja ver en el trasfondo de sus declaraciones.
Dicen las Farc que, estampadas las firmas, el acuerdo es inamovible, no hay salvedades y basta con cumplir la palabra. Deberá desplegar suma habilidad el Gobierno para recoger con anzuelo la ballena. Salvo que, como lo han dicho, se consignen los retoques, precisiones y limitaciones que harán claridad sobre lo que él mismo firmó. Y es mejor hacerlo ya, en la Mesa, porque la pedagogía gubernamental ha sido la de no escuchar nada por fuera de esta, sino que es ella la que dirige, dirime y concluye. Como, para el caso debe proceder, so pena de que el galimatías lleve a un bumerán.
