Farc dejan claro que la justicia será restaurativa

Con un trino en su cuenta de Twitter, el jefe de la delegación negociadora de las Farc en Cuba, “Iván Márquez”, dejó claro que el tipo de justicia acordada con el Gobierno aplicará más con penas restaurativas que punitivas por delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

En esta red social, “Márquez” precisó ayer: “Comunicado del 23 de septiembre no es acuerdo sobre Jurisdicción Especial. Este tiene 75 puntos y un catálogo de sanciones restaurativas”.

La declaración del jefe guerrillero es el epílogo a lo mencionado en el acuerdo el pasado 23 de septiembre en el que quedó consignado que quienes reconozcan los delitos de lesa humanidad cumplirían con penas de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad y en condiciones especiales; los que lo hagan de forma tardía, pena en prisión de 5 a 8 años en prisión en condiciones ordinarias; y los que nieguen la responsabilidad, pagarían hasta 20 años de prisión en condiciones ordinarias.

“El documento sobre Jurisdicción Especial para la Paz, es un acuerdo en firme por tanto, no puede ser variado en ninguno de sus puntos. Poner en duda su contenido es poner en duda la fecha acordada para la terminación del conflicto”, afirmaron las Farc.

Piden revelar los acuerdos

Alegando la importancia de conocer lo acordado en materia de justicia transicional en pro de los derechos de las víctimas, el procurador general, Alejandro Ordóñez, le solicitó al presidente Juan Manuel Santos revelar los puntos del acuerdo firmado hace una semana en Cuba.

“La legitimidad del proceso y el respaldo que se requiere de cara a la refrendación de los acuerdos solo es posible si los ciudadanos conocen con suficiente antelación lo convenido con las Farc en materia de justicia”, señaló Ordóñez.

A la petición del Procurador se sumó ayer la del presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, y aseveró que es sano para el país y el mismo proceso de paz conocerse los acuerdos.

Ante las dudas surgidas tras la firma del punto, el presidente Juan Manuel Santos señaló que entre 50 y 60 personas serían cobijadas por la justicia transicional en el tema de penas reducidas, el resto serían juzgadas por tribunales ordinarios, lo que no daría paso al tema de la impunidad.

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