La captura y aceptación de cargos por Álvaro Cruz confirma la fusión entre políticos y empresarios corruptos que ha degenerado la política colombiana.
Tuvo tiempo hasta de renunciar y abusó de su condición hasta el último minuto al presentar su inminente captura como una entrega voluntaria. No tiene nada de raro que ahora le den casa por cárcel y en unos pocos meses quede libre con los bolsillos llenos. La paradoja según la cual quien antes le escoltaba tendría la misión de capturarlo, ilustra bien lo que está pasando con la mala calidad de los altos funcionarios en departamentos y municipios: Ahora en el gobierno; después, en cualquier cárcel.
Casos similares al del ex Gobernador hemos visto repetirse por toda la geografía. Los presupuestos públicos conceden una inmensa capacidad para servir, administrando correctamente, pero también para corromperse y corromper. Una lista corta de gobernadores en la cárcel en los últimos años, confirma que lo de Cruz no es una excepción: Hugo Aguilar, Juan Carlos Duarte, Francisco Kiko Gómez, Julio Ibarguen, Edilberto Castro , Julio Acosta, Juan Manuel González, Salvador Arana, Trino Luna, Miguel Ángel Pérez, Julio Ibarguen, José Luis González, Harold León, Alfonso Salamanca ,etc. Los delitos por los que han sido juzgados van desde robo al erario hasta masacres y homicidios.
El modelo de corrupción en la política regional comienza con las “vacas” electorales, entre políticos, contratistas y, muchas veces, mafias armadas que compran los apoyos de líderes políticos y votos para hacerse a los presupuestos. Luego vienen los contratos con lo que recuperan la “inversión”. Dirigentes nacionales, con capacidad para expedir avales, les dan la bendición. ¿Cuánto han influido estas prácticas en las variaciones del mapa electoral colombiano que publicó ayer El Espectador? (Ver artículo)
Solo en este año los casos develados en Florencia, capital del Caquetá, con su alcaldesa, funcionarios y concejales detenidos; el de Buenaventura, con su alcalde, varios funcionarios y contratistas presos y San Gil, donde sus últimos tres alcaldes han acabado en la cárcel , son una muestra de cómo corrompen los órganos de administración pero también los de control político, por lo que no es tan raro que en el caso de Cruz esté involucrado un funcionario de la procuraduría sindicado de recibir 2.000 millones para “repartir”. Así funciona la cosa.
Los partidos de garaje y otros no salen limpios. Organizaciones como el PIN, MIO y AFROVIDES han sido vinculados con las mafias. Crece el rumor según el cual se pagan millonarias sumas por los avales. El partido Cambio Radical, que avaló a Kiko Gómez e hizo parte de la coalición que eligió a Cruz, no ha podido explicar la metodología que utiliza para respaldar candidatos luego que su director, Carlos Galán, renunció por el otorgado a Oneida Pinto, vinculada con el mismo Gómez, pero esa postulación resulta perfectamente normal para su actual director, Rodrigo Lara, como si las reglas de ese partido fueran elásticas. “Aquí no pasa nada”.
Lo peor de todo esto es que nos hemos acostumbrado y estamos listos a elegir nuevos mandatarios, como si nada. Si bien nuestro modelo de descentralización, con escasa participación ciudadana, electoral, de gestión y control, ha sido posible, mayormente, por la influencia de las organizaciones ilegales armadas y la precariedad del Estado, va siendo hora de pasar esta página oscura de nuestra historia de la única manera posible: una verdadera reforma que permita regenerar la política y castigar a ladrones y mafiosos fortaleciendo y recuperando los partidos, sin los que la democracia no funciona, y reconociendo más poder al ciudadano. Mientras tanto, Ojo con el voto el 25.
