Las urgencias: a cuidados intensivos

Las urgencias: a cuidados intensivos

Las urgencias y la tutela se han convertido en las válvulas de escape de la gente ante la falta de acceso real a los servicios y la ineficiencia del modelo de salud que padecemos.

En tutelas ya pasamos el vergonzoso record de cuatro por minuto, la mayoría reclamando servicios incluidos en el paquete básico. Y ahora nos enfrentamos al colapso de los servicios de urgencias, que han llegado hasta niveles de ocupación superiores al 500% de su capacidad instalada. Es una sobreocupación apenas comparable a la de las cárceles del país, pero con consecuencias aún peores pues en urgencias es cuestión de vida o muerte.

Una urgencia real, llámese infarto, accidente de tránsito, cólico renal, asalto armado, deshidratación o apendicitis, requiere una atención inmediata, calificada y eficiente. Cualquier carencia o incompetencia puede agravar las cosas y terminar en la muerte, como ocurre cada vez con mayor frecuencia. Lo que impropiamente llamamos “paseo de la muerte” no es otra cosa que una cadena de irresponsabilidades, evasivas y negación de derechos en la atención de una urgencia.

En términos de salud y vida, los servicios de urgencias tienen una relación costo-beneficio muy favorable. Recuperar una vida de una enfermedad aguda o un accidente grave, es un logro muy importante. En términos económicos, en cambio, las urgencias son muy costosas. Requieren personal, equipos e insumos especializados y valiosos. Y como el actual modelo colombiano de salud desde su origen priorizó las ganancias en plata a las ganancias en salud, los servicios de urgencias no le han merecido tanta atención ni se han desarrollado al ritmo del crecimiento tanto de la población y sus riesgos, como de los avances tecnológicos.

Son muy variados los mecanismos mediante los cuales el modelo vigente ha ido llevando a la sobresaturación de las urgencias. Las demoras prolongadas en conceder las citas con especialistas o las autorizaciones de procedimientos y exámenes de mayor complejidad, en especial por parte de las EPS. El desbalance entre el volumen y complejidad de la demanda de urgencias reales y el número, calidad y ubicación de la infraestructura y recursos asignados a los servicios de urgencias. El descuido en los programas y actividades de prevención de enfermedades crónicas y de promoción del buen vivir que facilita la ocurrencia de eventos graves que pudieron evitarse. Y el sentimiento generalizado de que sólo por vía de las urgencias se puede obtener la atención negada o evadida por otras vías, son algunos de tales mecanismos. Por supuesto que hay que reconocer también algunos abusos en la demanda de urgencias, pero son la excepción y no la regla.

Contrario a la opinión del ministro de Salud, quien dijo sin sonrojarse que el problema se debía en buena parte “al incremento de la cobertura en salud, la mayor accesibilidad y la falta de especialistas”, la crisis de las urgencias pone precisamente de manifiesto la falta de cobertura real de servicios asistenciales y las múltiples barreras de acceso a la atención médica oportuna. El tema de la calidad, cantidad y distribución de los especialistas en el país será objeto de otra columna.

Fue un logro importante que la reciente Ley Estatutaria en Salud – 1751 de 2015 – dejara clara la obligación, no sujeta a autorizaciones o depósitos económicos, de la plena atención de urgencias por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Toca ahora hacer valer la ley, exigir a los actores del sistema que asignen los recursos y creen las condiciones necesarias para que pueda cumplirse, y seguir insistiendo en la necesidad de un nuevo modelo de salud que no sólo evite que las urgencias tengan que entrar a cuidados intensivos, sino que permita cobertura universal, acceso real y vida saludable y en paz.

El autor es médico social.

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