Riesgo electoral

Uno de cada dos municipios del país está en riesgo de trashumancia electoral, en un mapa que no solo muestra que casi la mitad de los municipios del país tiene esa amenaza sino que sobre una cifra apenas menor se cierne la posibilidad de un fraude directo. Un informe reciente de la Misión de Observación Electoral es lapidario al respecto, puesto que a lo anterior debe sumarse que en más de 400 localidades de Colombia hay riesgo de violencia y la mayoría de ellos están sometidos a la sombra conjunta de la violencia y el fraude. Un panorama nada alentador a pocos días de las elecciones locales y una tensión con incertidumbre que se mezcla con el extraño optimismo que se proyecta desde el Ejecutivo ante la evolución confusa del proceso de paz en La Habana.

Concentrado en ese proceso, el Gobierno está en mora de informar cuáles serán las medidas que se tomarán para atenuar peligros en el sentido de que las elecciones queden sometidas a los grupos interesados en torcer la voluntad de los colombianos en la elección de sus autoridades ejecutivas y de control municipal. Estos peligros hablan de nuevas amenazas que dejaron atrás las que sobre el voto ejercieron hasta no hace mucho los paramilitares y aún ejerce la guerrilla, en conjunto unidos con diversos vectores de delincuencia común.  Las bandas criminales también aparecen vinculadas de forma directa con formas de torcida presión hacia la voluntad electoral. Nadie puede ignorar que el plan en ese cuadro variopinto de intereses delictivos sobre el voto, tiene su razón de ser no solo en razones políticas sino en la apropiación de los recursos públicos y el desvío de regalías, además de un ejercicio velado o abierto de poder perverso sobre el ciudadano.

El saqueo es directo, aunque la corrupción tiene caras múltiples, a través de contratos de obra y de otros frentes administrativos ya acordados antes de conocerse los resultados de los escrutinios. El caso de Bogotá en tiempos de Samuel Moreno, nos informa de la relación que existe entre la expectativa de triunfo en las elecciones y la ejecución con favorecimiento oscuro de los presupuestos para obras públicas. La misma entidad que dio el sombrío cuadro de amenazas electorales ha señalado que en la capital del país hay 128 puestos de votación con comportamientos “atípicos históricos” que pueden ser objeto de manipulación de elecciones, vale decir: fraude. Las localidades con mayor índice de riesgo son: Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe. El caso de Ciudad Bolívar es el más significativo, pues el 65 por ciento de los puestos de votación tiene riesgo evidente de alteración de la voluntad electoral.

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