Amorfo proceso de paz

Sorprende que el proceso de paz, después de los anuncios que lo han venido dando prácticamente por cumplido a satisfacción, haya subido en las encuestas de un modo relativamente exiguo. Así se demuestra, ciertamente, en los últimos sondeos publicados en los medios de comunicación.

El leve repunte pareciera deberse, en primer lugar, al galimatías alrededor del “Acuerdo de Justicia”. Aunque el Presidente de la República reprochó a quienes advirtieron de las confusiones, posteriormente las admitió y pidió reabrir la discusión, particularmente sobre los alcances de la libertad restrictiva y el confinamiento de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. De esto hace ya semanas y se espera, al término de la distancia, que finalmente se conozca el pacto correspondiente. Pero las Farc, reiterativamente, han sostenido que no cambiarán una coma de lo acordado, es decir, que no aceptan confinamiento ni control o vigilancia de índole alguna.

Entre tanto, la fecha que se había fijado para la firma del acuerdo final, a lo menos como un recurso retórico, en la reunión de La Habana entre el Presidente y el jefe de las Farc, ha venido quedando en entredicho. La organización subversiva recalcó que los seis meses correspondientes comienzan a contar a partir del día en que se selle el “Acuerdo de Justicia”, mientras que el Jefe de Estado, como lo dijo ayer, se mantiene en el 23 de marzo de 2016. Otro motivo de desacuerdo.

En medio de ello, el Gobierno decidió meter el acelerador a temas unilaterales como el polémico acto legislativo en el que se arroga facultades extraordinarias y pretende poner al Congreso de ‘oficinita’ expeditiva del Ejecutivo. La contraparte en La Habana ha señalado una y mil veces que nada tiene que ver con estos trámites y que los mecanismos de aplicación del acuerdo final están todavía pendientes de discusión.

Sometido así el Parlamento a avanzar sobre arenas movedizas, vuelve a recorrer el mismo camino inane que se surtió frente al inútil “Marco Jurídico” y el cambio electoral para el desechado “Referendo por la paz”.

Ayer el Presidente, de otra parte, se lanzó por el plebiscito como supuesto mecanismo de refrendación de los eventuales acuerdos. Y de nuevo se pretende empujar al Congreso para que lo apruebe a las volandas, sobre la base, eso sí, de la sastrería constitucional de turno. Como se han encontrado con que requieren 17 millones de votos afirmativos para cumplir los requisitos legales en la ratificación, ahora buscan cambiar los umbrales establecidos. Incluso en el proyecto sobre plebiscito que tiene mensaje de urgencia gubernamental anulan el umbral.

Obviamente alguno van a ponerle en las discusiones parlamentarias. Sin embargo, no podría ese índice ser menor, en todo caso, al establecido por la ley para otro tipo de consultas populares. Es decir, la participación en las urnas de la tercera parte del censo electoral. Y en este caso, entrará a jugar la denominada “abstención activa”, es decir, que los que estén por el “No” dejarán de participar a fin de impedir que se consiga el umbral.

Sea lo que sea, los plebiscitos no están desde luego constituidos para este tipo de ratificación. Originados en el bonapartismo, en principio, se referían al respaldo o voto de desconfianza sobre una persona. En las épocas modernas se han utilizado, básicamente, para temas de última instancia como la secesión territorial o la creación de países. Casos concretos el reciente plebiscito en el Reino Unido sobre Escocia o el pretendido por el separatismo catalán.

En Colombia, en 1957, mal se llamó plebiscito al referendo que constitucionalizó la paz proveniente de los pactos de Sitges y Benidorm. Todo ello fruto de un acuerdo político entre los partidos. Lo que hoy se ve, por el contrario, es la discrepancia entre el Jefe de Estado y el jefe de la oposición, tanto como si entonces Laureano Gómez y Alberto Lleras, antes de avenirse, estuvieran reciamente confrontados. El país necesita un acuerdo político, en vez de seguir soltando globos al aire. De modo que puede tomarse como ejemplo lo que en esa época sacó al país del colapso y la dictadura. Lo mismo, a su vez, que ocurrió en el proceso de paz de Irlanda, cuando previo al plebiscito  todos los sectores políticos estuvieron de acuerdo con el modelo.

Reiteramos que, constitucionalmente, los únicos mecanismos de refrendación real son el referendo o la Asamblea Constituyente, con el marco de competencias referido a desarrollar lo acordado en La Habana. Un plebiscito es la mejor vía para someter a la paz al divisionismo, salvo que exista un acuerdo político integral de por medio.

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