Carrusel financiero

En Colombia se ha montado una parafiscalidad con la que, mediante sofisticadas maniobras, se les sonsacan a los ciudadanos cuantiosos recursos que ni son impuestos, ni son tarifas, ni son nada distinto que contribuciones para negocios privados.

El caso más representativo es el antitécnico cargo por confiabilidad que los usuarios de energía eléctrica entregaron de sus bolsillos, por un total de $15,4 billones, es decir, tres veces lo que se espera recibir por la venta de Isagén.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) afirmó que estos recursos, recaudados mediante la facturación de un servicio público, no son recursos públicos, dizque por no ser un impuesto ni estar asignados al Presupuesto General de la Nación. Entonces, ¿se perdió esa platica?

Pues alguien sí se la ganó, y el mismo director de la CREG afirma que esos recursos han tenido como objeto “remunerar a las empresas para que puedan prestar el servicio”. Verdad a medias, pues fue para pagar un “derecho a un servicio”, sutil pero clave diferencia, y como prueba de su tramposa premisa está Termocandelaria, que simplemente sacó la mano e incumplió, recibió dinero sin prestar el servicio, eso sí, multiplicando por 2,2 veces en cinco años la inversión de sus dueños iniciales, quienes vendieron el pasado mes de mayo. Tan afortunados inversionistas fueron Tribeca Asset Management, gestores de fondos de inversión de capital privado, que cuenta entre sus directores a José María Aragone, anteriormente presidente de la AFP Horizonte, adquirida por la AFP Porvenir, en otro inconveniente caso de “puerta giratoria de funcionarios” que debe preocupar a las autoridades financieras y a los afiliados de fondos pensionales.

Estos fondos de inversión, o “embutidos financieros”, registrados en muchos casos en paraísos fiscales para evadir impuestos, sólo buscan multiplicar rápidamente su inversión, sin importar si en el camino incumplen sus compromisos contractuales.

La CREG debe explicar si le hizo el “favor” a algún fondo de inversión nutriéndolo con recursos públicos de los ciudadanos y si, en este carrusel financiero de parafiscalidad, le cabe responsabilidad o por lo menos vergüenza, pues sería penoso que, con tan billonarios ingresos legalizados por un Gobierno cómplice, alguno de estos fondos termine comprando a Isagén, que aún hoy es de todos los colombianos.

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