La batería política oficialista insiste en el mensaje de que la paz del país solo es posible adhiriendo a los acuerdos que las Farc acepten firmar. Y que para ello, solo basta una minoría de votantes.

Como era por completo previsible, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la ley estatutaria para modificar la convocatoria de plebiscito, presentado para este caso específico como el “mejor mecanismo posible” para refrendar los acuerdos de paz que deberán firmarse con las Farc.

Tal como estaba concebido hasta ahora, el plebiscito es el mecanismo de participación popular usado para apoyar o rechazar una determinada decisión relacionada con políticas del poder Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, instrumento que no tiene el poder de modificar la Constitución.

Sin embargo, para los acuerdos de paz este fue el mecanismo que escogieron el gobierno y el Congreso. Durante todo su trámite parlamentario, despachado en corto tiempo, no se hizo suficiente claridad en que no se votará por el derecho a la paz, sino por la implicación que tendrán para el país esos acuerdos con las Farc, su ajuste o no con valores democráticos y de justicia. El eslogan promocional equipara el contenido de esos acuerdos con un país en paz y con el “fin de la guerra”.

El gobierno, y en particular el presidente Santos, ha recordado una y otra vez, pidiendo quizás agradecimiento, que someter los acuerdos a refrendación popular no es su obligación, aunque lo hacen para dotar de mayor legitimidad el resultado final del acuerdo con las Farc.

Y en efecto: la refrendación popular, si se manifestara de conformidad con el espíritu que animó su consagración en la Constitución de 1991, fortalecería de forma irrompible esa legitimidad y otorgaría seguridad jurídica a la posterior aplicación de los acuerdos.

Pero al final el gobierno y sus mayorías en el Congreso activaron toda una serie de “soluciones creativas” cuyo mensaje explícito fue decirnos a los colombianos que no contábamos con su astucia: el umbral de participación fue rebajado del 50 % del censo electoral al 13 % (es decir, a poco menos de 4 millones 400 mil votos favorables). Ya ni siquiera confían en que los mismos que otorgaron en 2014 el mandato para negociar la paz al presidente Santos (7.817.000 votantes) les brinden de nuevo su apoyo.

Las Farc, sin embargo, cuya aquiescencia para acordar el mecanismo de refrendación popular de los eventuales acuerdos está establecida en el documento que dio inicio a las negociaciones, manifiesta que no apoya ese mecanismo. Que el gobierno no se los consultó. Y por eso, todo este proceso legislativo queda en riesgo de haber sido estéril.

Pero esto no obsta para que de la parte gubernamental y sus aliados parlamentarios se insista en que es la primera vez que se da oportunidad a la gente de manifestar su acuerdo o no con lo negociado. Evitan mencionar, por supuesto, que es ahora no se negocia solo una desmovilización sino la configuración misma de la institucionalidad. Y por eso mismo no podría arrebatarse la posibilidad de que los colombianos digan si el futuro que quieren para su país es el que queda plasmado en lo transado con las Farc.

El “plebiscito por la paz” sigue entonces su curso: revisión automática de la Corte Constitucional, donde hay mayoría favorable al gobierno, y luego la convocatoria formal del presidente, con aviso previo al Congreso. Allí se conocerá cuál es la pregunta concreta que se les formulará a los votantes.

Dice el ministro del Interior (ver Contraposición) que si gana el no, “ya no se podrá seguir soñando con la paz en Colombia”. Semejante sofisma indica, por lo pronto, cuál es la tónica en que se van a proponer dilemas para votar sí o no, como si lo que se votara fuera la paz como valor, y no unos acuerdos concretos.