La inocencia de Plazas Vega
La culpa inesquivable del M-19
“Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia, que es diferente”. Esas palabras del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, tres años atrás, recalcan como ninguna la seguridad de su inocencia, el carácter indeclinable de la misma y el sentido del honor que siempre distinguieron al alto oficial, incluso en los momentos más aciagos de su vida, especialmente cuando a comienzos de 2012 el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena a 30 años de prisión que le había impuesto un juez de primera instancia por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de un civil y una subversiva durante el operativo de retoma militar del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, luego de que un comando guerrillero del M-19 atacara a sangre y fuego el edificio y luego asesinara a varios magistrados, funcionarios judiciales y civiles.
Sin embargo, tras ocho años y cuatro meses de privación de la libertad, esa justicia que tanto pedía Plazas Vega por fin llegó. Y lo hizo en la máxima instancia de la jurisdicción penal, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que no sólo derogó el sentido de los fallos de primera y segunda instancia, sino que ratificó la inocencia del alto oficial al advertir que los testimonios que señalaban su supuesta culpabilidad en las dos desapariciones eran incongruentes y faltos de solidez.
El fallo de la Corte deja, en consecuencia, cuatro elementos contundentes en claro. En primer lugar, que el indeclinable alegato de inocencia de Plazas Vega por fin tuvo eco en los estrados judiciales y que su famosa frase el día que arribó a la Plaza de Bolívar para hacer frente al ataque terrorista, según la cual venía “a defender la democracia, maestro”, se revalida no sólo para él, sino la inmensa mayoría de los integrantes de la Fuerza Pública que arriesgaron sus vidas por salvar las de los magistrados y civiles, ante el hasta entonces mayor desafío violento a la institucionalidad y supremacía estatal. No hay que olvidar que la intención del M-19 no sólo era destruir los expedientes de la extradición de los narcotraficantes, consecuente con la financiación del cartel de Medellín, sino dar un golpe de estado y someter a juicio al Presidente de la República.
En segundo lugar, el fallo de cierre de este caso, aunque muy tardío, evidencia que el aparato de justicia en Colombia funciona y que no es necesario, como ahora se pretende en La Habana, crear jurisdicciones extraordinarias e improvisadas para juzgar los hechos relacionados con el conflicto armado interno, incluso aquellos de mayor repercusión como el ataque terrorista a la cúpula de un poder público.
Por igual es evidente que la petición de perdón que hiciera semanas atrás el Presidente de la República, a nombre del Estado y en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe entenderse única y exclusivamente relacionada a la actuación ilegal de algunos pocos integrantes de la Fuerza Pública respecto a los desaparecidos y no en modo alguno por el acto legítimo del Estado al tratar de recuperar el control del edificio y salvaguardar la vida de magistrados, funcionarios y civiles.
Igual ocurre con las sentidas palabras del expresidente Belisario Betancur, pues su petición de perdón “si errores cometí” no implica reconocimiento de culpabilidad o dolo en sus decisiones treinta años atrás. Lo cierto es que más allá de la amnistía otorgada al M-19 por este y muchos otros delitos, la culpabilidad del llamado “holocausto del Palacio de Justicia” es totalmente suya. Los procesos de paz están encaminados a buscar una salida incruenta a la guerra, no a ‘reescribir’ los hechos, esquivar responsabilidades o socializar las culpas.
En cuarto lugar queda claro que tres décadas después aún no se conoce la verdad sobre lo ocurrido ese noviembre de 1985 y que así se desprende no sólo del reciente anuncio de la Fiscalía sobre la identificación de los restos de tres personas que se daban por desaparecidas, sino en el nuevo flanco de pesquisas que abrió el ente acusador. Uno que debe llevar a que brille la verdad, justicia y reparación a las víctimas, y a que se señalen sus verdaderos victimarios de forma objetiva y contundente, sin asomo de politización o subjetividad.
Justa, entonces, la absolución del coronel (r) Plazas Vega, cuyo honor vuelve a reivindicarse. Circunstancia que se hace extensiva a su esposa, familia y a todos los estamentos castrenses y de la sociedad civil que siempre insistieron en su inocencia e injusto encausamiento. Parafraseando su propia frase: bienvenido a la libertad, maestro…
