Montealegre desafía la institucionalidad

Los cuestionamientos que se le han hecho a la Fiscalía General por los contratos de asesoría externa de Natalia Springer no fueron obstáculo para que el jueves en la noche el fiscal Eduardo Montealegre condecorara, sin argumento alguno, a su contratista en un acto público. Un hecho que fue calificado por los expertos como “desafiante” para la institucionalidad.

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Este hecho se sumó a otras salidas en falso de Montealegre con temas coyunturales como la misma contratación de la Fiscalía, la intervención de Saludcoop, el proceso de paz, el debate pendiente de control político en el Congreso y la Universidad de la Fiscalía, por mencionar solo algunos. Por esa razón, vale la pena preguntarse ¿quién controla a Montealegre? ¿cuáles son sus pretensiones de desafiar la institucionalidad?

El constitucionalista Juan Manuel Charry recordó que las funciones de un Fiscal General son básicamente dos: la investigación y acusación de los presuntos responsables por infracción a la ley penal y derivada de ella, y participar en el diseño de la política criminal, pero entonces, ¿quién lo controla?

De acuerdo con Charry, el Fiscal tiene control político igual al de un magistrado de una alta corte, es decir, que está sujeto al tribunal de aforados. “Hay un punto que se discute mucho y es si sería objeto de control político a través de debates parlamentarios y hay un sector amplio, entre los que me incluyo, que pensamos que no porque es una autoridad judicial. Frente a Natalia Springer considero que Montealegre está tomando una actitud equivocada en el sentido de respaldar a una persona controvertida frente a unos contratos que son objeto de críticas por su cuantía y por su necesidad”.

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Para el constitucionalista la condecoración puede ser vista como una “posición desafiante que me parece inconveniente. En este caso parece que hay un alcance especial con el tema de los premios, insisto, el fiscal se equivoca y por eso termina siendo leído como desafiante y eso no es bueno ni para él ni para la institución”.

Impacto en institucionalidad

Por su parte, el politólogo Miguel Silva Moyano señaló que la Constitución de 1991 creó la Fiscalía con súper poderes y por esa razón es muy difícil hacerle control político. “Es muy complicado establecer límites a la actuación de la Fiscalía. Esta situación nunca nos había sucedido porque los perfiles que han ocupado el cargo no se extralimitaban y no ponían en juego el nombre de la institución, pero ahora este fiscal ha asumido un liderazgo que le está haciendo daño a la institución. Aquí más que la actuación personal, son los impactos institucionales que tiene y la pérdida de credibilidad del organismo y eso es muy peligroso y nocivo para la democracia”.

Para Silva Moyano si no hay confianza en la Fiscalía es difícil que haya confianza en el resto de instituciones. “La Fiscalía se está viendo afectada por estas posiciones y él debería entender que sus actuaciones —así él crea que están sujetas al Derecho— afectan la confianza”.

También recordó que la Constitución dejó muy limitado el control político de la Fiscalía y que aunque en el país hay un sistema de pesos y contrapesos, hoy en día al fiscal se le permite actuar sin límites. “Lo que se evidencia es que el caso de Springer, su condecoración reciente, demuestra la indelicadeza de Montealegre”.

Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, dijo que la condecoración a Springer “puede leerse como un agravio a los contribuyentes, quienes pagan sus millonarios contratos, y para los funcionarios de la Fiscalía, que consideran que el trabajo podía realizarse internamente”. Agregó que políticamente puede interpretarse como un gesto de Montealegre “hacia el Gobierno, con el siguiente mensaje: ‘cuando deje de ser fiscal seguiré siendo indispensable para tomar decisiones polémicas en el posconflicto, pues no tengo temor a la reacción de la opinión pública’”.

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