La verdad tras la propaganda
“Muchas dudas sobre acuerdos para la paz”

Tras los anuncios sobre los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc, en materia de justicia y víctimas, es difícil develar en pocas horas lo que esconde el uso del lenguaje convertido en propaganda.

Porque lo cierto es que, durante tres años, al pueblo colombiano se le mantuvo ajeno a lo que se negociaba y ahora se anuncia, con bombos y platillos, como “la paz”, un derecho supremo, es decir que está por encima de todos los demás.

Aun hoy, el discurso de los funcionarios diluye hábilmente llamar a los acuerdos por su nombre. El divulgado hace unas horas hay que leerlo por lo que dice, por la forma como lo dice, por lo que no dice aunque quiera decirlo y fundamentalmente por lo que omite. La manipulación del lenguaje y el uso de términos como “sanción” en vez de condena, “toma de rehenes” en cambio de secuestro, legitima ese uso del lenguaje para imponer “la paz” tal como ellos la conciben, con unanimismo y ausencia de un análisis objetivo.

Es claro que las Farc no pagarán penas intramurales. No habrá cárcel. El lugar para cumplir “la sanción”, con restricción de la libertad, será determinado caso por caso, dependiendo de lo acordado con cada victimario confeso. Por ejemplo, el tiempo que se tarde en hacer la carretera, la escuela o la sustitución de cultivos, como reparación a las víctimas.

Se anuncia con contundencia que los delitos de lesa humanidad no serán indultables, pero se omite explicar expresamente que quien confiese un delito de esta naturaleza ante el Tribunal, obtendrá “una sanción” con restricción de su libertad y no perderá sus derechos políticos. Es decir que podrá elegir y ser elegido. Si, por ejemplo, uno de los líderes de las Farc confiesa la masacre de Bojayá, le imponen como sanción reconstruir la iglesia y si, entretanto,  decide hacerse elegir al Congreso puede hacerlo. Acabará de cumplir su sanción en el Capitolio, mientras legisla.

Se blanquea el narcotráfico, ejercido por las Farc. Puede convertirse en delito conexo al delito político, por una de las leyes que queda facultado para expedir directamente el Presidente.

El Tribunal de Justicia cobijará por igual a guerrilleros, militares y civiles. Los militares quedaron en igualdad de condiciones frente a quienes tomaron las armas de manera ilegal. El delito de secuestro de militares y policías que fueron torturados en la selva, por largo período tiempo, pasa a convertirse en “aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares”, y será objeto de indulto.

A medida que se van leyendo los documentos dados a conocer en estos días, surgen nuevos interrogantes que esperan respuesta pronta, clara y directa. Estos, por ejemplo: ¿Qué quiere decir que los magistrados el nuevo Tribunal se elegirán mediante un proceso que dé confianza a la sociedad colombiana?¿Se mantiene el acuerdo para que sean elegidos por el Gobierno y las Farc?

Las Farc hablan de responsabilidad colectiva, pero los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán que aceptar responsabilidad individualmente. Si lo hacen de modo colectivo ¿estarían aceptando responsabilidad institucional? ¿Se difumina la responsabilidad de las Farc en decretos posplebiscito?