Víctimas y justicia para la paz

Víctimas y justicia para la paz

Del extenso y ambiguo acuerdo sobre las negociaciones de La Habana que fue publicado el 15 de diciembre pasado, el cual versa sobre la reparación a las víctimas y la justicia especial para la paz, se deduce que la real intención de este cuarto punto de los acuerdos radica en asegurarles la impunidad absoluta a los cabecillas de las Farc y una reparación económica etérea a las víctimas, por cuenta en su totalidad de los contribuyentes colombianos.

Un sindicado de delitos de lesa humanidad y crímenes atroces, no pagará ni un solo día de cárcel si los reconoce en forma oportuna. Si otro sindicado reconoce su responsabilidad con alguna tardanza tampoco irá a la cárcel, en castigo le limitarán la movilidad y tendrá que prestar algún servicio social como pintar alcaldías durante 5 a 8 años. Si no admite su responsabilidad, a ese sí lo encarcelarán entre 12 y 20 años. Salvo este último encarcelado, los dos primeros sindicados sí podrán participar en política, no los podrán extraditar, ni les podrán extinguir la propiedad sobre sus bienes.

No están acordes las sanciones mencionadas con la gravedad y el número de crímenes de lesa humanidad que les serán indultados a los cabecillas de las Farc. Menos aún, que estas penas inexistentes o simbólicas se cumplan en las zonas desmilitarizadas que han contado con la presencia histórica de las Farc. Zonas donde dejarán de usar las armas, pero no las entregarán hasta tanto los gobiernos futuros les cumplan al pie de la letra todos los acuerdos.

Algunos comentaristas autorizados mencionan el Artículo 77 del Estatuto de Roma, el cual hace parte integral de la legislación colombiana, porque establece que los criminales de lesa humanidad deben pagar sus delitos con cárcel, en forma ineludible, hasta por 30 años, y que sus bienes deben ser expropiados. Y prohíbe tal Estatuto, además, la participación en política tanto de los condenados como de los procesados. Este acuerdo viola la justicia internacional en varios puntos.

Otro de los grandes errores del acuerdo sobre la justicia especial para la paz, radica en el nombramiento de los jueces tanto para los cinco Tribunales como para la Comisión de la Verdad. Los nombrarán de común acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y los cabecillas de las Farc. Los criminales nombrando sus jueces. ¡Vaya justicia!

Censuran algunos colombianos que ni en el punto tercero de los acuerdos de La Habana sobre el narcotráfico, ni en este cuarto, ni en ningún otro, se les exige a las Farc la entrega de cultivos, laboratorios, rutas… en fin, de elementos que nos permitan confiar que terminarán algún día con el negocio que según la revista Fortune los coloca como el tercer grupo terrorista más rico del mundo.

Por el contrario, lo que se oye mencionar es que el narcotráfico se considerará como un delito político indultable por ser conexo con la rebelión. Porque el dinero derivado de la venta de la coca se acepta que sí fue empleado para financiar la rebelión. Pero un juez español, asesor de las Farc, sostiene que el narcotráfico de las Farc es un ´mito´. Con esta sapiencia de la conexión con la rebelión, con las Farc como víctimas y no como victimarias y con el ‘mito’ de sus actividades como narcotraficantes, muy pronto estaremos en ´el fin del conflicto´ soñado por Santos.

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