Cuando deberíamos decir que 2016 fue el año de la paz, la realidad rebeldemente se levantó para hacer ver que hubo otros hechos más contundentes. A lo largo de estos 12 meses, cada suceso, cada acontecimiento no hizo más que confirmar que Colombia sigue siendo el país más individualista del planeta.

Quizá en ningún otro año, como en este, fue evidente cómo cada quien buscó su propio beneficio sin importar lo que sucediera con su vecino; Que no había reglas de juego que valieran; que los espacios públicos no eran de encuentro, sino de supervivencia; que los que cumplían con las leyes fueron bichos raros, en un entorno donde la mayoría sólo trataba de beneficiarse de ellas; y que en las relaciones personales, las acciones institucionales o los intercambios económicos, siempre primó la cultura del atajo. Todo confirmó que ésta es una sociedad en donde lo importante ha sido hacer valer los derechos, pero sin que eso signifique que se debía cumplir con los deberes.

A lo largo de 2016, se hizo evidente que los que gobernaban lo hacían a nombre propio. Que no representaban a nadie. Que su “vocación de servicio” era infinita y en el trabajo político no había opositores. Solo gobiernistas. La consistencia política, cuando no fue un valor extraño, se le consideró una actitud absurda. No importó lo que se haya dicho en el pasado o se haya prometido a los ciudadanos. Cuando se trató de ganar elecciones o de expedir nuevas leyes, no hubo límites que se respetaran. Los pocos que asumieron la oposición para ofrecer una alternativa de gobierno a los ciudadanos fueron duramente señalados, en un contexto en el que la costumbre había sido oponerse, para obligar a los que gobiernan a ceder una porción del poder que maneja. Los partidos políticos no fueron más que microempresas que se heredan, como lo han hecho los vendedores ambulantes que se apropian de las esquinas, para dejarlas a sus hijos y nietos.

En nombre de la paz, se cambiaron las normas. Se pasó por encima de las instituciones. Se sacrificó la justicia y a la Constitución se le comenzó a demoler como si se tratara del más difícil de los obstáculos. Lo acordado en el pasado ya no contó. Fue la necesidad de lo inmediato lo que primó en los acuerdos. Lo que importaba era “firmar la paz” con las FARC, sin hacerles saber que para hacer parte del orden que combatieron, tienen que cumplir con unos mínimos de acatamiento y que aquellos que usaron sus armas para someter a los indefensos merecen un castigo. Para que aceptaran dejar las armas se les ofreció todo tipo de ventajas. No hubo límites, ni líneas rojas, ni principios irrenunciables. Todo era negociable. Por eso es que los que un día sacudieron con bombas a las ciudades, reclutaron menores para el combate, atacaron escuelas, secuestraron civiles, o utilizaron la vejación a las mujeres como un trofeo de guerra, ahora se reclaman como titulares de todos los derechos. Y les fueron concedidos.

El año termina con la misma imagen desesperanzadora con que se inició. Solo unas horas después de aprobada la reforma tributaria, el Contralor General destapó un nuevo descalabro financiero de Ecopetrol. A los miles de millones de dólares perdidos en la refinería de Cartagena (Reficar) se tuvieron que sumar los cerca de US$750 millones que se están evaporando como consecuencia de la cadena de errores en la valoración y estructuración del proyecto de la planta de etanol de Bioenergy en Puerto López (Meta).

Y mientras que el Ministro de Salud o el de Minas o la de Educación peleaban por arañar recursos de la reforma que garantizaran la sostenibilidad de su respectivo sector, nadie hablaba de la responsabilidad que tuvieron los amigos del gobierno en el despilfarro y la quiebra de las empresas intervenidas supuestamente para salvarlas de la crisis y la corrupción. Y si a las pérdidas por los problemas de “ingeniería financiera” o “mala gestión” de los socios en estos sectores, sumamos las pérdidas como consecuencia de la corrupción de las coimas y los sobornos tipo Odebrecht que se acaba de destapar en los Estados Unidos, muy rápidamente vamos a entender que ninguna reforma tributaria será suficiente para cerrar el hueco fiscal que tiene el país.

Pero la corrupción no sólo fue patrimonio del sector público. Ni tampoco coimas y sobornos. En el 2016 se hizo visible, quizá mas que ningún otro año, la multiplicidad de conductas en los empresarios tendientes a evadir los controles, reducir el pago de impuestos, o alterar las condiciones de competencia. Los miles de millones que debieron pagar por multas y sanciones, mostró como en la dirigencia empresarial se reproducen todos y cada uno de los comportamientos de una sociedad individualista y una cultura del atajo.

Cuando 2016 debió ser el año de la paz, el brutal asesinato Yuliana Samboní nos hizo recordar que solo es uno de los miles de casos violencia de genero y violencia contra los menores que cada 12 minutos deben registrar las autoridades colombianas, en un año que debió ser proclamado como el “año de la paz”.