No por valiente y legítima, deja de ser azarosa la andadura que inicia hoy la Asamblea Nacional venezolana. Los demócratas del mundo no pueden dejar sola a la oposición triunfadora en las urnas.

Hoy debe ser instalada la Asamblea Nacional elegida mediante voto popular por los venezolanos, el pasado 6 de diciembre. Desde esa fecha, en que quedó claro que la ciudadanía quería un cambio político radical, el resultado de las urnas no ha permitido, a pesar de todo, que se fortalezca la estabilidad política ni la certidumbre sobre el funcionamiento normal de las instituciones.

El triunfo en las elecciones legislativas de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue un paso gigantesco que con valentía dieron los votantes venezolanos, pero todos, electores y elegidos, han obrado bajo el entendido de que tienen que superar una larga travesía enfrentándose a un gobierno adversario que los trata como enemigos, que no renunciará a ningún medio para desvirtuar el mandato conferido el 6 de diciembre de 2015.

Ayer, no más, al líder opositor escogido por la MUD como próximo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup -quien es diputado en ejercicio y fue reelegido- no le fue autorizada su entrada al Parlamento, y tuvo que aguantar los insultos vertidos por activistas del chavismo.

También ayer, el saliente presidente de la Asamblea Nacional y verdadero poder paralelo,Diosdado Cabello, citó una carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander, en la que decía que “Jamás un Congreso ha salvado a la República (…) Los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen en la sociedad”. Aparte del despecho electoral que Cabello trasluce con esta cita, por la contundente derrota al chavismo, deja entrever que no habrá ley que para ellos valga si se trata de imponer su visión de la sociedad y de los poderes que deben regir para proteger los intereses de la jerarquía “boliburguesa”.

Porque desde el primer momento las baterías del gobierno de Nicolás Maduro y de sus aliados parlamentarios han estado enfocadas en deslegitimar no solo el pronunciamiento popular de las elecciones legislativas, sino la idoneidad de los diputados opositores. Ya lograron, mediante una maniobra judicial propia de regímenes autoritarios, forzar a la justicia a declarar la suspensión de la elección de, por ahora, tres diputados opositores.

Paralelamente, anunciaron y están afinando la composición de una Asamblea Cívica que, al igual que lo hicieron con la Alcaldía de Caracas, irá asumiendo las competencias de la Asamblea Nacional y estará, obviamente, controlada por el gobierno.

El régimen chavista tampoco ha tenido inconveniente en incurrir en contradicciones tan flagrantes como decir que, para proteger al pueblo, a “su” pueblo, va a intentar como sea desmontar la decisión soberana que ese mismo pueblo manifestó mediante el voto, con una participación cercana al 75 % del censo electoral.

La comunidad internacional y los demócratas no podrán dejar de lado, en ningún momento, la lucha que la oposición civilista de Venezuela prosigue desde hoy. Por fortuna, la OEA, y en particular su secretario general, Luis Almagro, han dejado de ser pasivos espectadores. Almagro ha asumido un liderazgo moral en defensa de los derechos de la oposición política que buena falta hacía. Ha hablado con total claridad, al recordarle a Maduro que la decisión popular de erigir otro sistema político solo puede ser revertida con otra decisión electoral manifestada de manera libre de coacciones y abusos de poder.