Lo de los parlamentarios amazonenses es simplemente la punta del iceberg para impedir que la Asamblea Nacional, en manos democráticas, funcione de manera efectiva.
La decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dejar sin efecto todas las decisiones que emita la Asamblea Nacional es el primer gran zarpazo de un golpe de Estado en proceso, que busca con mecanismos pseudojurídicos terminar de implantar un proyecto hegemónico que los venezolanos rechazaron de manera contundente el pasado 6 de diciembre.
En primer término han buscado dejar sin representación al estado Amazonas, negándole a los diputados Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla ejercer plenamente sus funciones originadas en una elección en que salieron favorecidos con el voto popular. La argumentación es pobrísima. El régimen los acusa de la compra de “conciencias”. Si ese concepto lo aplicásemos a todas las circunscripciones nacionales no quedaría un parlamentario oficialista en funciones. Fueron ellos los que invadieron a todos los sectores populares con artefactos eléctricos, ‘tablets’ y carros chinos. ¿Por qué la preocupada Sala Electoral no observa también estos hechos tan parecidos a lo que juzgan en su decisión?
Lo de los parlamentarios amazonenses es simplemente la punta del iceberg para impedir que la Asamblea Nacional, en manos democráticas, funcione de manera efectiva. El régimen quiere impedir a toda costa que legislen en materias de competencia nacional. Que puedan proponer enmiendas y reformas a la Constitución de 1999. Asimismo, que la mayoría calificada de 112 diputados pueda ejercer mecanismos de control sobre el gobierno y la administración pública. Así como discutir y aprobar el presupuesto nacional poniendo énfasis en la justificación de los gastos. Al igual que aprobar los créditos adicionales que verdaderamente se justifiquen, tomando en cuenta la pavorosa crisis generada por el Gobierno. Es terrible para el régimen que legislen en cuanto a autorizar contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras. Esto revelaría los enormes desaguisados cometidos en la exportación de la revolución que terminó manteniendo a diversos gobiernos de la orgia revolucionaria. Igual que con el voto de censura de solo cien diputados pueden destituir a cualquier funcionario.
Imagínense la enorme cantidad de estos incapaces rindiendo cuentas de sus numerosos negocios turbios en desmedro de la nación. Además, es la Asamblea Nacional la que designa a los diversos poderes públicos nacionales (contralor general de la República, defensor del Pueblo, TSJ, fiscal gGeneral de la República, CNE, entre otros), es decir, todo el armazón del Estado. El Gobierno sabe que estos poderes secuestrados son sus compañeros de ruta en el descuartizamiento de la nación. Son estos los órganos del horror y de la autorización a actuar de manera alevosa e impune.
Sin ellos quedarían desnudos ante la enorme evidencia del narcoestado. También el cuerpo es el que nombra al Procurador y las misiones diplomáticas. Con solo hacer su trabajo en este ámbito descubrirán cómo manejaron durante años nuestra política internacional. Al igual que las salidas del presidente cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a los cinco días consecutivos.
La Asamblea Nacional es la que aprueba los convenios o tratados internacionales que celebre el Ejecutivo, y como guinda del postre: es el órgano Legislativo el que puede decretar leyes de amnistía. Eso es para esta administración un punto de honor: saben que estando con plenos derechos y en libertad los diversos actores políticos, hoy en cautiverio –o exilados de manera injusta–, su fin se aceleraría de manera dramática. Caerían en cuenta regresiva. Como podemos inferir, es a una Asamblea Nacional con plena autonomía, a lo que le teme el Gobierno. Que pueda ejercer sus funciones sin tener que ser un ente manejado desde Cuba por los hermanos Castro. Es la supervivencia de la trampa la que busca darle un golpe de Estado a la institucionalidad democrática; utilizando para ello a unos magistrados elegidos de forma fraudulenta. Escogidos precisamente para torpedear cualquier propósito que descubra las actividades delictivas de un proyecto político que nos condujo al desastre. Anhelan destruir a la Asamblea Nacional para que no descubran sus fechorías. Compartimos en su totalidad la palabras del líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski: “La decisión del TSJ no es jurídica sino política (…) Si quieren ir a nuevas elecciones, la paliza va a ser peor, cuidado y les ganamos los cuatro diputados.
No podemos pisar el peine de la confrontación. Maduro va a tener que ir a la AN a explicarle al país lo que ha pasado con los recursos del país”. Efectivamente, Nicolás Maduro está obligado constitucionalmente a acudir al ente Legislativo a presentar su memoria y cuenta. Si asiste a otra instancia estará poniéndole la rúbrica al golpe institucional que vulnera la voluntad mayoritaria de los electores. Acudimos al vil asesinato de las instituciones, al forjamiento del derecho ciudadano a elegir el gobierno parlamentario que quiere. La dictadura se quitó la careta y muestra el malevo rostro de la felonía.
