Pese a que la Fiscalía ha sido diligente en la captura de varios implicados, los políticos y “empresarios” que se sabe están involucrados siguen en las sombras.
“Lo que pasa en el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) es peor que el narcotráfico”, dijo con acierto Cristina Plazas, directora de esa entidad. A medida que se van descubriendo las redes de corrupción que intervinieron de manera perversa en el cuidado de los niños colombianos en varias zonas del país, la comparación de Plazas cobra más relevancia, sobre todo en el enjuiciamiento de los responsables: pese a que la Fiscalía ha sido diligente en la captura de varios implicados, los políticos y “empresarios” que se sabe están involucrados siguen en las sombras, y por eso cuesta creer que el problema se solucionará pronto.
Un ejemplo es el anuncio que motivó las declaraciones de Plazas. La Fiscalía capturó a 12 personas en Barranquilla (Atlántico), una de ellas Yolanda Ruiz, exdirectora del ICBF en el departamento, por la presunta corrupción en un contrato destinado a la atención integral de 1.178 menores de la primera infancia. Según los cálculos del ente acusador, los implicados causaron un desfalco de $600 millones en un contrato de $2.461 millones que debía ser ejecutado para la atención de menores entre 0 y 5 años de edad, pertenecientes a los estratos 1 y 2 de los municipios de Ponedera y Tubará (Atlántico). Actuar mezquino.
Pero, pese a las capturas —que celebramos—, queda la amarga sensación de que los verdaderos culpables, aquellos que a través del poder regional fundan y permiten este tipo de redes ilícitas, siguen en la impunidad. Se ha venido denunciando desde que se destapó este escándalo: hay políticos y personas poderosas a su alrededor que se lucran a costa del bienestar de los niños que están al cuidado del ICBF. No basta con quienes hasta ahora han sido puestos a disposición de la justicia. Se necesita más, mucho más.
Plazas lo sabe. “Lo que estamos haciendo es mirando operador por operador… para fortalecerlos y evaluarlos. Sólo estamos eligiendo a los operadores que han obtenido el máximo nivel de evaluación”, dijo. Purgar el ICBF desde adentro es un paso inevitable y adecuado, pero también el actuar de la Fiscalía debe ser más contundente. Ojalá la impotencia de la justicia —típica en los casos de narcotráfico, para seguir la analogía de Plazas— no aplique, y se conozcan los responsables, todos, comenzando por las cabezas.
No sobra recordar lo que hicieron estos granujas: falsificaron hojas de vida para puntuar más alto en la asignación de los contratos y, una vez convertidos en operadores gracias a sus “buenas calificaciones”, sacaron su tajada de múltiples maneras. El resultado es que los niños se quedaban sin comida o sufrían problemas de salud por culpa de los malos cuidados. El ejemplo que da Plazas es escalofriante: aprovechándose de que el ICBF cubre el 75% del valor calórico que requiere un niño, “entonces, por ejemplo, decían que había cuatro niños y necesitaban cuatro huevos, pero en realidad sólo compraban uno y lo repartían entre los menores”. Tal es la magnitud del crimen.
La reforma del ICBF y la ejecución transparente de los contratos que involucran el bienestar de los niños debe ser una prioridad nacional en 2016. Más aún, en un año en el cual los recursos escasearán, el manejo del dinero debe ser sagrado y el mensaje debe ser contundente: quien se atreva a robarles a los más necesitados pagará las consecuencias. No se puede permitir que obstaculicen el desarrollo de los menores de esa manera.
