Con el anuncio de Standard & Poor´s de bajar la perspectiva crediticia del país, se prenden las alarmas y se obliga al Gobierno a adoptar las medidas para corregir los déficits fiscal y externo. La tributaria es prioridad.

Con el deterioro progresivo que presentan los principales indicadores económicos de Colombia, los analistas de mercado y los observadores externos han manifestado sus inquietudes sobre la eventualidad de que las calificadoras de riesgo adopten medidas que afecten el grado de inversión del país.

Para evitar esta eventualidad y asegurar la estabilidad de la economía, el Gobierno y el Emisor han venido tomado acciones en los frentes fiscal (reducción del gasto público) y monetario (aumento de las tasas de interés).

Confiados en que dichas medidas ayudan al ajuste externo, en el comunicado de la última reunión de la Junta del Banco de la República se señala que para este año se proyecta la reducción “del déficit de cuenta corriente de niveles cercanos a 19 mil millones de dólares en 2015 a 16 mil millones”.

A pesar de las acciones emprendidas, esta semana la calificadora de riesgos Standard & Poor´s anunció que revisó a la baja (de estable a negativa) la perspectiva que tiene sobre la calificación crediticia de Colombia. Por fortuna, la nota soberana del país se mantuvo en BBB.

La principal motivación para adoptar esta decisión responde a los riesgos existentes de que la situación externa del país se deteriore aún más (el déficit en cuenta corriente es superior al 6,0 por ciento del Pib), en razón a la caída que presenta el precio internacional del petróleo y a la poca respuesta que a la devaluación del peso exhiben las exportaciones diferentes a las minero-energéticas.

Adicionalmente, existe la preocupación de que, a cuenta de la situación del crudo y del menor crecimiento del Pib (la calificadora estima que este año se crezca 2,6 por ciento), el déficit fiscal sea mayor, lo que pondría en aprietos al Gobierno para cumplir con la regla fiscal.

En respuesta a la decisión de Standard & Poor´s, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un nuevo recorte presupuestal (“medidas de aplazamiento o reducción del presupuesto”) de seis billones de pesos.

Conocedor seguramente de que esta medida no es suficiente para cumplir con la regla fiscal, el funcionario señaló que el Gobierno está comprometido con la presentación en el segundo semestre del año de la reforma tributaria estructural.

Como se sabe, el Gobierno conoce el contenido del informe y las propuestas de reforma hechas por el grupo de expertos tributarios. Igualmente, el Bid ha hecho públicas sus sugerencias en esta materia.

De otra parte, el Fondo Monetario Internacional y la Ocde le han señalado al Gobierno su intención de apoyarlo en la formulación de la reforma.

Por tanto, el Gobierno dispone de los insumos y el asesoramiento necesarios para prontamente plantearle al país el texto de reforma tributaria estructural, la que cada día se hace más urgente poner en práctica.

En este sentido, la decisión de la calificadora de riesgos de revisar a la baja la perspectiva crediticia debe interpretarse como un serio llamado de atención a las autoridades económicas para que rápida y eficazmente se adopten las medidas necesarias para corregir los problemas que se enfrentan y se retome la senda de crecimiento.

La situación de la economía mundial (que cada día se torna más difícil y compleja) y sus consecuencias sobre el desarrollo del país, le ponen mayor presión al Gobierno para que acelere la presentación de la reforma tributaria estructural y lo obligan a gestionar el apoyo político requerido.