Grupos étnicos no quieren zonas de concentración

Grupos étnicos no quieren zonas de concentración

Representantes de organizaciones indígenas y afrodescendientes se opusieron a la posibilidad de que sus territorios hagan parte de las áreas de ubicación para los guerrilleros que se desmovilizarían de las Farc, algo que el Gobierno y los insurgentes están debatiendo en este momento en La Habana.

La primera protesta llegó de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que expresó en un comunicado: “no aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nuestros territorios indígenas, pues desconocemos el impacto y las afectaciones que las mismas tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos”.

Los nativos denunciaron que pese a la existencia de un proceso de paz, sus comunidades siguen padeciendo atropellos por parte de grupos armados. “Ha aumentado la presencia de las Farc, realizando acciones de reclutamiento y campañas de desprestigio de nuestras autoridades. De igual manera, el Eln intensificó su accionar en territorios indígenas”, indicaron.

También se quejaron porque, a su juicio, “ad portas de la firma de los acuerdos para la terminación del conflicto, no se han tenido en cuenta las voces de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pese a que hemos solicitado espacios para la interlocución (…)”.

En similar sentido se pronunció José Fernando Tapia, director del Centro de Reconocimiento Afrocolombiano (Cenafro). “No estamos de acuerdo, las poblaciones étnicas son las que más sangre y víctimas hemos puesto. Y ahora que nos metan al victimario en la propia casa, es tétrico. Me parece lamentable que se contemple esa posibilidad”, dijo.

Manifestó que “el sentimiento afro es que hemos sido excluidos de La Habana, y la Presidencia debe ponerse las pilas, porque es como si fuera a hacerse un juicio con los verdugos sin contar con las víctimas”.

Según datos del Ministerio del Interior, en Colombia hay 102 pueblos indígenas, cerca de 10.000 comunidades (clanes) y 800 resguardos.

Según la Corte Constitucional en una de sus sentencias, 36 de esos pueblos están en riesgo de extinción por la guerra. Entre los más afectados están los nukak maku, los nasa, awá, u’wa, embera, zenú, huitotos, coreguaje y chimila.

En cuanto a las negritudes, las más golpeadas son las del Pacífico Sur, Chocó y el noroccidente de Antioquia.

Tanto la Onic como el Cenafro apoyan las conversaciones de paz, pero argumentan que poco se les tiene en cuenta y temen daños colaterales por el proceso de concentración de combatientes.

El director de Asuntos Indígenas, ROM (gitanos) y Minorías del Ministerio del Interior, Pedro Posada, reiteró que todavía no hay una decisión oficial desde la mesa de diálogos sobre las zonas de ubicación, “eso apenas se está pactando”.

No obstante, señaló: “lo que sí es una realidad es que si tomamos el mapa de Colombia y comparamos los lugares más críticos del conflicto con los territorios de indígenas y afrodescendientes, las cosas quedarían muy sobrepuestas”.

Frente a las quejas por la poca participación de esos grupos, recordó que los acuerdos de paz son potestad de las partes sentadas en Cuba. Sin embargo, cuando esos acuerdos sean firmados y refrendados, tendrán que implementarse mediante leyes, “y ese desarrollo normativo sí tendría que incluir procesos de consulta con estas comunidades”, aseveró Posada.

Consultando organizaciones de D.H. y entidades de seguridad, este diario averiguó que de manera extraoficial el Gobierno y las Farc están debatiendo sobre seis grandes zonas para la eventual concentración de rebeldes: el Catatumbo, norte del Chocó, sur del Tolima, el corredor entre el Nudo del Paramillo y el Urabá antioqueño, la frontera de Putumayo y Nariño y una porción de los Llanos Orientales.

Las extensión de esos terrenos, así como el número de municipios incluidos, no se ha determinado. En este punto serán tenidas en cuenta las recomendaciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la Celac, organismos internacionales que aceptaron actuar como veedores del cese bilateral del fuego y la dejación de las armas.

La Onic propuso que la Guardia Indígena también haga parte de esa veeduría y sea tenida en cuenta “para el control en los territorios donde se realizarán experiencias de restablecimiento de la armonía territorial”.

Tapia, de Cenafro, concluyó que las áreas de ubicación quedarían mejor en extensiones de tierra que sean propiedad de alcaldías y gobernaciones y se destinen para ese uso, “o que les alquilen fincas”.

Sobre estas inquietudes y propuestas aún no hay pronunciamiento desde Cuba, indicaron fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

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