Santos firma porque firma. Es decir, el proceso con las Farc no tiene reversa. El presidente puso todos sus huevos en ese canasto y no tiene opción política distinta. Aunque las alarmas suenen por todos lados y aunque la coyuntura muestre perturbadores signos de deterioro. Incluso, hay que entenderlo, entre peor le vaya en otros frentes, más se entrega Santos en La Habana.

En la medida en que su “legado” en todos los demás campos se va deteriorando, su dependencia del proceso con la guerrilla se agudiza. Lo malo es que las Farc lo saben y por eso lo ordeñan de manera ordenada y sistemáticamente. No importa lo que pase, Santos cederá y cederá hasta la firma final.

Pero lo que está pasando hoy augura futuras tempestades, por mucho que el Gobierno y sus medios intenten esconderlo. La Corte Penal Internacional lanza, otra vez, una advertencia: James Stewart, fiscal adjunto, señaló que “la oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves”.

No es una posición nueva. Va en la misma línea de las dos cartas que en el 2013 le envió la fiscal Bensouda a la Corte Constitucional sobre el “marco jurídico para la paz”, cartas de las que nadie quiere acordarse, en las que advertía “que una condena [por crímenes internacionales] que sea grosera o manifiestamente inadecuada […] invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional”, es decir, le abriría las puertas a la competencia de la Corte Penal Internacional.

En aquel momento Bensouda dijo que la desmovilización y el desarme, las garantías de no repetición, contribuir a la verdad y reconocer responsabilidad “sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen”. Es lo mismo que dijo la Fiscal en el 2014: “La Fiscalía ha informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional”.

Es igual a lo que le advirtieron a Montealegre cuando fue a la CPI a tratar de convencerlos de su tesis de las penas alternativas. Dijo entonces Montealegre que Bensouda le advirtió que “el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia”.

Si eso fue entonces, cuando aun se pensaba en que las penas podrían no ser proporcionales pero en todo caso supondrían privación de la libertad, ¿qué será ahora que tenemos plena certeza de que de ninguna manera habrá prisión?

Y si el panorama ya era malo, Enrique Santiago, abogado de las Farc que negoció el acuerdo de justicia, no tuvo reparo en admitir que la guerrilla solo “van a reconocer lo que es obvio y aburrido”. Semejante confesión de parte, que significa que en el proceso no habrá verdad y que las Farc van a ocultar parte de sus crímenes, debería haber obligado a los delegados del Gobierno a hacer las aclaraciones pertinentes. Pues no, callaron. Y el que calla otorga.

Para rematar, el único que sí habló fue el ministro Reyes, pero para decir que el estatuto de la Corte Penal Internacional no dice lo que sí dice en su artículo 77: las “penas aplicables” para los crímenes internacionales son la “reclusión”, entiéndase cárcel o prisión o pena privativa de a libertad, y la multa.

El Gobierno y las Farc no quisieron ajustar los acuerdos al derecho internacional. Como resultado, no serán sostenibles en el tiempo. Las consecuencias serán desastrosas .