La mayoría de colombianos quiere la paz. Desea también que se les consulte la ratificación definitiva de los acuerdos con las narcogerrillas. El presidente está de acuerdo. Por eso, el pasado viernes comenzó su campaña en favor del «sí» con la siguiente declaración que, aunque ustedes ya conocen de sobra, reproduzco. Es esta: «Les voy a pedir un favor. Se viene un plebiscito donde ustedes decidirán si quieren la paz. Estoy convencido de que quieren la paz. Necesito su apoyo, necesito que salgan a decir eso, que el pueblo colombiano no quiere más guerra». Es evidente que Santos no miente. Necesita el apoyo del pueblo para refrendar un pacto histórico que contiene suficientes concesiones a los enemigos de la paz como para pensárselo dos veces. Sin embargo, no hay ningún político en el mundo tan ingenuo como para concurrir a una consulta popular sin saberse ganador.

Para ello, el presidente, encargado de redactar la peliaguda cuestión, presentará una pregunta-trampa a la que será prácticamente imposible resistirse. ¿Quién se negaría a poner fin a una guerra? ¿Quién se opondría a la paz? Nadie. Pero las palabras no pueden ocultar la realidad. Las guerrillas, con o sin alto el fuego, prosiguen con sus actividades delictivas. Cuando no vuelan una torre de electricidad, están extorsionando o traficando. Han seguido secuestrando, incluso militares, y aprovisionándose de armas y munición. Han continuado asesinando. La última víctima, un policía en Norte de Santander. Es cierto que las Farc han anunciado su compromiso de no seguir reclutando menores. Gracias, pero la propuesta no solo llega tarde sino que implica admitir una práctica contraria a los derechos humanos. A cambio, se permiten exigir al Gobierno «una verdadera política de Estado para proteger y garantizar los derechos de los niños y los adolescentes, acabando con cualquier forma de marginación o exclusión social», como si Santos hubiera sido hasta ahora el Sacamantecas, destripando críos como nueces.

Además, reclaman el fin del servicio militar obligatorio, de cuya prolongación hasta la fecha son culpables precisamente las guerrillas, que se permiten incluso afirmar que el Ejército ha reclutado menores para infiltrarlos en sus filas. Así, a cada paso de los terroristas, debe acompañarle alguna cesión del Estado. Según las propias Farc, la presencia de niños y adolescentes en sus cuadros estaba además justificada «por motivos de necesidad y desprotección social por parte del Estado». ¿Cómo fiarse de estos descerebrados? Por el momento, se desconoce qué van a hacer los pistoleros para reparar a las familias de estos muchachos y a los propios menores reclutados, bajo intimidación o engaño. Ese es el problema, que las exigencias a las guerrillas quedan diluidas en las palabras. Bastará un acto de contrición verbal, con mucha pompa eso sí, pero serán ustedes los que con sus impuestos deban pagar no solo los gastos de una guerra que jamás declararon sino las reparaciones a diestro y siniestro de los miles de damnificados de un conflicto declarado por una porción mínima de colombianos contra el resto del país. Así que, cuando afronten la votación sobre la pregunta que planteará el presidente en ese plebiscito, no piensen que un «no» es consecuencia del odio, un sentimiento contra estos matones al que Colombia tendría derecho después de tanto sufrimiento. Les venderán que votar contra los «acuerdos de paz» es respaldar la guerra. Que quienes no apoyen el «proceso» son incapaces de perdonar. No piquen. Habrá quien vote «no» por esas causas. Otros lo harán porque no están dispuestos a poner la sangre, la otra mejilla y el dinero para que los terroristas ondeen la bandera blanca. Quizá votar «no» sea votar contra la extorsión.