Amedrentar, ¿es esta la estrategia del gobierno contra la oposición? A este gobierno no se le ocurre otra estrategia más sensata, más democrática.
Esta constante y decidida persecución contra los amigos y familiares del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y contra quien sea alguien de importancia en El Centro Democrático, ha acentuado entre los colombianos el sentimiento de que la justicia se corrompió, se politizó, se vendió por prebendas políticas o económicas, en fin, que ya no es ni confiable ni respetable.
Los colombianos vemos con horror, como quienes deben salvaguardar la ley, como el Fiscal General, han perdido todo el sentido de independencia política y cordura y, de la manera más descarada, utilizan su poder, ya no para defender las leyes sino como vengadores o verdugos que actúan por razones políticas o personales.
¿Qué se puede pensar de un Fiscal que se ufana de haber logrado meter a la cárcel al hermano de su mayor enemigo? ¿Qué se puede decir de un Presidente que ve suceder tanto exabrupto legal y guarda silencio? Juan Manuel Santos, más parece un acólito, aun un instigador de estos hechos, que un líder imparcial y honesto.
Es por eso que el reciente encarcelamiento de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, ha causado tanta polémica y ha irritado tanto a los colombianos.
Claro que la ley es igual para todos y debe correr su curso. Pero a Santiago Uribe lo lleva investigando 20 años y nada le han probado. Esto, parece ser a todas luces, una venganza de los enemigos del expresidente Uribe muy bien montada. ¿Hay aquí alguna presunción de inocencia? ¡No! Este es un claro caso de persecución. Así parece.
Santiago Uribe fue beneficiario de un acto inhibitorio en 1999, confirmado en el 2000 y revocado en el 2010, según recuenta la carta del expresidente Uribe publicada este 6 de marzo. Su proceso ha sido reabierto en diferentes ocasiones debido a declaraciones de testigos dudosos, quizás falsos. Quienes acusan son reconocidos enemigos del expresidente Uribe y amigos de sus más enconados enemigos, las Farc y los paramilitares extraditados.
¿Qué clase de justicia es esta? ¿Puede una investigación ensañarse en una persona hasta acabar con ella, como lo han hecho con Santiago Uribe, así su culpabilidad no haya sido probada? Si nada le han probado hasta ahora, si la mayoría de las declaraciones en su contra se han caído por inconsistentes y por retracción de sus acusadores, ¿por qué continúan las pesquisas? Sí esto no es persecución política, no sé entonces que es.
Álvaro Uribe y su familia deben pedir protección a cortes internacionales. En Colombia no tienen garantías. Aquí son presa fácil de las Farc, sus enemigos acérrimos, hoy con más poder que nunca, que no descansarán hasta verlo a él, a su familia y amigos, destruidos.
Juan Manuel Santos, quien fingió ser gran admirador, colaborador y amigo de Uribe, destapó su juego desde el primer día de su gobierno y, sin vergüenza alguna demostró cómo, simplemente, lo utilizó para llegar a la presidencia. Esta traición le costará muy cara a Colombia pues las Farc, mejores en este juego de traiciones, están ganando la partida.
Estamos a un paso de convertirnos en otra Venezuela, donde la justicia se vendió hace años y, donde amedrentar a la oposición es el arma preferida del gobierno.
