La detención de Santiago Uribe no es sino la punta del iceberg. Es sabido por todos que la “justicia” -Fiscal y Tribunales- está politizada. En una encuesta reciente sobre el caso Uribe solamente el 18% piensa que la captura fue por razones jurídicas. Por ahí hay unas grabaciones, probablemente no legales pero ahí están, en las que la Corte Suprema habla de tomar decisiones por razones políticas. De manera que nadie debe sorprenderse que más de veinte años después de iniciarse un proceso contra Santiago Uribe, en el que la propia Fiscalía precluyó la investigación, súbitamente se le detenga con base en unos testimonios de dudosa ortografía -enfermos mentales o paramilitares extraditados por el presidente Uribe-. Debajo subyacen casos emblemáticos como el del coronel Plazas, perseguido rabiosamente por una fiscal, condenado por una sala parcializada del Tribunal de Bogotá y absuelto, luego de ocho años de prisión, por la Corte Suprema. O el de Sabas Pretelt y Diego Palacios condenados por la “yidispolítica”, porque supuestamente como ministros sobornaron a dos parlamentarios para conseguir la relección del presidente (en estos días Cambio Radical, uno de los partidos de apoyo al gobierno Santos, reclama contra el ministro del Interior por estar haciendo lo mismo para conseguir los votos para una ley.
Esta “mermelada”, que es un soborno, es mirada festivamente y nadie dice nada). O el de Gustavo Puentes Melo de Periodismo sin Fronteras al que un juez le embarga “por si acaso” sus bienes “mientras mira” el proceso que hay contra él por calumnia. O el de Andrés Felipe Arias al que se acusa por haber firmado unos contratos con la OEA que también firmaron sus antecesores. O el de Luis Alfredo Ramos, que pudo ser candidato presidencial, cuya captura ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema por sus “presuntos” vínculos con grupos paramilitares, según testimonios de ‘El Alemán’ y ‘El Tuso’ (extraditado por Uribe a los Estados Unidos) que dijeron que, por instrucciones del gobierno, Ramos se reunió con los miembros de un grupo armado ilegal para concretar beneficios de ‘Justicia y Paz’. O el de la exdirectora del Das por “chuzar” a los cabecillas de las Farc cuando ha debido mirar para otro lado. O el de Bernardo Moreno, exsecretario del presidente Uribe, o…la lista sigue.
No sé si el Gobierno esté involucrado en el caso de Santiago Uribe, pero es bien sabido que el Fiscal ha sido eterno sacamicas oficial del Presidente. Lo que me pone “orejón”, como decía mi abuela, es el hecho de que el Presidente haya dado instrucciones a sus ministros de salir lanza en ristre contra la oposición. El Gobierno tiene todo el derecho de defender su labor, pero no suena bien que los ministros que no tienen nada que ver con el caso, como Comercio y Educación, hablen por twitter de manera agresiva y maleducada contra la oposición. Satisfacción no pedida, acusación manifiesta dice el viejo dicho.
Y el Congreso, cuya mayoría está arrodillada esperando una cucharadita de mermelada del dueño de la chequera, ni siquiera pregunta.
