Tiempo y terreno para la paz

El Presidente falló al poner fecha a la firma del acuerdo. La salvedad es que coincide con la oposición en no firmar a cualquier precio. Esa misma oposición que avaló las zonas de concentración.

Más que el tiempo que falta, que debe ser poco, ahora la lupa frente a las conversaciones de La Habana está puesta en un aspecto clave: que la concentración de los frentes de las Farc, camino de su desmovilización y desarme, no se convierta en un reguero de “caguancitos” por el territorio nacional. Aunque las claves esenciales para que ello no suceda parecen haber quedado acordadas entre las distintas fuerzas políticas del Congreso, incluido el Centro Democrático.

Si bien el proyecto de ajuste a la Ley de Orden Público no es visto por el expresidente y congresista Álvaro Uribe como un pacto con el Gobierno sino con las bancadas que integran el Legislativo, la firma en sí misma expresa que ahora hay un mínimo nivel de afinidad y aceptación para avanzar a la creación de las zonas en que se concentrarán las Farc.

Un asunto que siempre inquietó a Uribe y su equipo, en la perspectiva de que esos lugares de reunión de los frentes no fueran de una extensión y unas normas contraproducentes para la población civil, la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas y el control territorial y unitario del país.

Horas antes de que en el Congreso se tomara la foto inédita de una integración multipartidista para dar el visto bueno a dichas zonas, el presidente Juan Manuel Santos vislumbró que el 23 de marzo no será la fecha para la firma del acuerdo total del fin del conflicto con las Farc. “Si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha”.

Aunque hablar de un día específico en el calendario era arriesgado -con una negociación tan compleja, cambiante y problemática-, Santos se jugó su palabra el 23 de septiembre de 2015 y ahora, a las puertas del Día D, sabe que ese tiempo y el acuerdo final ya no cuadran, lo cual aprovechan los jefes guerrilleros en Cuba.

Más que una cuenta de cobro si el proceso se demora una semana o un mes más, el presidente sabe que la factura mayor de la historia, los opositores y los ciudadanos, se la pasaría una negociación apresurada y desfavorable, tal cual lo ha advertido en sus palabras el mayor de sus críticos: Álvaro Uribe.

No se trata de abrir el calendario a la indefinición, porque la firma final -lo hemos observado en editoriales recientes- no debe sobrepasar el primer semestre de 2016. Sería inaceptable estirar más allá la paciencia nacional.

Pero ocupados de los asuntos de fondo mencionados al inicio, lo relevante es que la aprobación al ajuste de la Ley de Orden Público se convierte en señal de convergencia del Centro Democrático con el interés de que la negociación con las Farc se concrete.

Sin renunciar a la crítica y sus correcciones, la oposición se acercó al proceso, pero espera que las zonas de concentración cumplan estándares esenciales (fuera de áreas urbanas, reducidas al mínimo en número y espacio, verificación internacional y alejadas de las fronteras). Tal vez ello justifique, entonces, un cese el fuego bilateral, y el desarme de la guerrilla, para que acceda a la vida legal e institucional.

Hay que subrayar la concertación política que se dio en el Congreso, para que se avance al fin del conflicto. Ahora las Farc deben facilitar unos acuerdos que preserven el modelo democrático colombiano, sin vulnerar la dignidad de las víctimas. Han tenido condiciones, tiempo y espacio. Falta ver de cuánta voluntad, sensatez y valor histórico son capaces.

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