La exdecana de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Claudia Dangond Gibsone, terció a favor del expresidente Pastrana en la discusión sobre los peligros de tantas concesiones a la guerrilla de las Farc, con el afán de firmar la paz.

Dangond señala que es tan dura, profunda y juiciosa la crítica que el expresidente Pastrana hace a la Jurisdicción Especial para la Paz, que bien vale la pena estudiarla y atenderla; no sólo porque viene de él, con la autoridad que le da la posición que ocupó sino porque la paz fue su bandera de gobierno.

Y agrega, a instancias de KienyKe.com:

Ya han salido incluso los asesores del gobierno a responder los cuestionamientos del expresidente. Una voz tan autorizada como la de Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional y miembro del equipo asesor del Gobierno para los asuntos de la Habana, señala que son infundadas las preocupaciones y que ellas provienen de una lectura política del Acuerdo cuando de lo que se trata es de un asunto jurídico.

La argumentación con la que se trata de refutar el planteamiento de Pastrana resulta poco convincente. Cuando se lee con detenimiento cada una de las respuestas y explicaciones dadas por el jurista, lo que se ve es una hábil manera de esquivar los puntos nodales de lo que sin duda constituye un tiro de gracia a la institucionalidad que predica la Carta Política colombiana.

No es relevante si ello se hizo en 72 horas o en 250 horas de trabajo, ni que el resultado, se califique de “leviatán” o de “suprajusticia”; lo importante es que si ese Acuerdo llega a implementarse ni la Fiscalía General de la Nación con todo su poder, ni la Procuraduría General de la Nación, ni los Tribunales ni las Cortes operarán como la Constitución actual lo prevé. Si ello sucede, se habrá dado un golpe de gracia a la justicia colombiana.

La JEP se cristalizará en un Tribunal por fuera del marco constitucional y legal (así los asesores invoquen la Constitución y la ley para crearlo), con atribuciones, no sólo para impartir justicia en los casos y hechos no resueltos aún, sino que tendrá facultades para revisar lo ya decidido por la justicia colombiana; se aplicará la retroactividad incluso a los asuntos que hoy se entienden cobijados por el principio de la cosa juzgada.

La inseguridad jurídica dará pié para la instauración de la ley de la selva y pero aún, a una cacería de brujas. Esto será lo que reinará con la Jurisdicción Especial para la Paz. El Acuerdo de la Habana sobre la Justicia que crea este Tribunal, no resiste ni una lectura política ni una lectura jurídica.