Esta repetida frasecita se ha convertido en la disculpa frecuente del Gobierno para explicar gran parte de los males que nos afligen.
Y es verdad, casi desde el inicio del gobierno del presidente Santos nos sorprendimos cuando descubrimos que nos estaba traicionando como ‘nunca antes’. Votamos por él porque prometió continuar con la seguridad democrática que disfrutábamos, en medio de una paz relativa y un buen desempeño económico.
Después de tres años de negociaciones, nos encontramos hoy frente a concesiones del Gobierno para incentivar el negocio del narcotráfico, el combustible de todas las guerras pasadas y futuras. Nos encontramos creyendo que las Farc van a participar efectivamente en la sustitución de los cultivos ilícitos y en acabar con la minería ilegal.
Nos están preparando para una negociación con riesgos de una impunidad sin par en el mundo durante los últimos 20 años. Impunidad ya en la mira de la Justicia Internacional, por transitar por los límites del derecho internacional, y sobre la cual existen hoy severas advertencias de ameritar una intervención futura de la Corte Penal Internacional en Colombia.
Jamás estaremos preparados para una Jurisdicción para la Paz, que no será nada diferente de una institucionalidad paralela y politizada, dirigida por jueces nombrados por las Farc y un Gobierno condescendiente con esta guerrilla.
Menos aún estaremos preparados para reemplazar el Congreso por un “congresito” integrado por unos pocos parlamentarios cortesanos del Gobierno, que le otorguen facultades extraordinarias al Presidente para implementar los Acuerdos de La Habana y modificar la Constitución a su antojo, sin posibilidad de discutirlos y objetarlos.
No estábamos preparados para enfrentar los incendios forestales del fenómeno de El Niño reciente, durante el cual se han incendiado 22.000 hectáreas de bosques, por no contar con una flotilla de aviones más adecuados que los pocos helicópteros que utilizan para apagar los incendios aledaños a Bogotá. Una de tales flotillas tan solo cuesta 5 millones de dólares; pero para el Presidente y sus colaboradores sí se invirtieron cerca de 25 millones de dólares en otras discutibles y costosas aeronaves.
No estábamos preparados para enfrentar el racionamiento eléctrico que se avecina por culpa, al parecer, de una falla de mantenimiento técnico en la Central Hidroeléctrica de Guatapé. Se rumora que los cables que fallaron se debieron haber reemplazado hace dos años.
Jamás estaremos preparados para aceptar la violencia institucional que ejercen entre el presidente Santos y su fiscal Montealegre contra sus atinados opositores del Centro Democrático y contra los hijos y el hermano del expresidente Álvaro Uribe. ¿Están ellos mudando la violencia guerrillera por la violencia institucional?
