Las fronteras

Uno de los acápites del derecho internacional público se llama Teoría General de la Frontera. En él se analizan los fenómenos y las relaciones a ambos lados del límite, que es la línea milimétrica que separa los territorios de los Estados. Esa circunstancia crea un ambiente especial que afecta a los habitantes: el tránsito de personas y vehículos se facilita, el comercio se agiliza etc. Pero, también, es un ámbito en el que con frecuencia se presenta delincuencia transfronteriza. Los Estados son, en general, especialmente cuidadosos en la vigilancia y control de sus zonas de frontera.

Hace ocho meses, nuestro nuevo mejor amigo Maduro, como buen dictadorzuelo, cerró de un plumazo la extensa frontera de Venezuela con Colombia y, de paso, expulsó, sin fórmula de juicio, a miles de colombianos residentes en ese país desde hace tiempos, creando un problema humanitario que Colombia no ha sido capaz de solucionar. Todavía existen “campos” de refugiados en Cúcuta con cientos de personas que se vieron obligadas a volver a su país donde no han sido recibidos como se merecen. Maduro dijo que la frontera se había vuelto un foco de contrabandistas, delincuentes y traficantes de drogas -en lo que yo estoy de acuerdo- pero no dijo que eso era culpa no solamente de los colombianos sino también de los venezolanos. Por supuesto, la negligencia de nuestro Gobierno en esas zonas era y es proverbial.

La reacción de Colombia fue pobre, por no decir indigna. No solamente no se resolvieron los problemas existentes, sino que siguen como antes. El contrabando de gasolina por tubería manejada por el ejército bolivariano y el tráfico de drogas siguen igual, para poner ejemplos. Pero quedó probado que no necesitamos la relación de frontera, al menos mientras Maduro esté en el Gobierno. Las incursiones violentas de la guardia venezolana a nuestro país continúan sin que, que se sepa, haya ni siquiera una nota de protesta.

San Andrés es otra zona de frontera. Cuando la CIJ dictó su sentencia en la que le dio 75.000 km2 de mar a Nicaragua, el Gobierno prometió a los sanandresanos el oro y el moro. Hoy, tres años después, todo se quedó en bla bla bla y desde hace meses carecen de agua potable. El acueducto puso un centenar de puntos para que los habitantes pudieran recoger agua pero solamente funcionan unos pocos. También la negligencia del gobierno departamental es inaudita.

Como el congreso enmermelado no ejerce control político, corresponde a la Procuraduría hacerlo.

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Coda:A propósito de la condena judicial a prisión domiciliaria a las falsas víctimas de Mapiripán, su abogado, Iván Mahecha, indicó que deberían hacerse investigaciones en contra del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, porque fueron sus abogados profesionales los que las indujeron a defraudar al Estado, investigaciones que se prometió hacer cuando sucedió el hecho pero no se hicieron. En cambio, al hermano de Uribe lo enviaron a la cárcel por mera sospecha. Manes del bien ido fiscal Montealegre.

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P.S.Con ocasión de las vacaciones de su autor, esta columna reaparecerá el 17 de mayo.

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